A dos años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, organizaciones de la sociedad civil ven falta de compromiso de su gobierno para combatir el cambio climático, y muestra de las incoherencias de las palabras de la Federación y sus organismos ambientales como de temas energéticos (Semarnat, Sener, Sedatu, Sagarpa, mayormente), es los graves problemas ambientales que se padecen por urbanismo descontrolado, falta de agua de calidad, pérdida de bosques y suelos, falta de protección civil en fenómenos naturales, contaminación aérea y a últimas fechas la sapiencia de problemas provocados por la minería, etc.
Pero todo ello, no fue impedimento para que México se proponga a nivel internacional como un ejemplo mundial de sustentabilidad, cuando en la realidad dentro de las fronteras nacionales ello no es verdad. Para diversas organizaciones civiles como Cemda, AIDA, CCMSS, y Transparencia Mexicana, si bien está que México se haya comprometido a aportar 10 millones de dólares al fondo verde mundial, es quizá el único aspecto coherente al mantener el compromiso voluntario de mitigación del cambio climático. Sin embargo, indicaron que el mismo gobierno mexicano ha declarado y supeditado sus compromisos ambientales a recibir recursos internacionales.
Por ello, en conferencia de prensa se informó que es necesario que en el proceso reformador en materia energética se tome en cuenta al sector renovable, además de remediar otros graves problemas como es la asignación del presupuesto público federal, la planeación estratégica a través de programas y estrategias sectoriales, y la falta de información y participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones de las políticas climáticas. Lo cual exige replantear las políticas públicas federales en materia de cambio climático.
Mariana Castillo, analista de Política Pública del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), señaló que «la reforma energética mantuvo la alta dependencia del país hacia los hidrocarburos y no atiende las necesidades y compromisos nacionales e internacionales de México en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.» Para revertir ello, añadió, «México requiere transformaciones estructurales en su modelo de desarrollo, acelerar la transición energética, impulsar el uso de tecnologías renovables y limpias, y promover la eficiencia energética y el cumplimiento de las metas de energías renovables, entre otros.»
Por su parte, Iván Zúñiga, representante del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), indicó «que la sobrerregulación aplicada por la Semarnat y la Profepa a los productores forestales ha frenado al manejo sustentable de los bosques como estrategia para detener la deforestación y evitar cambios en el uso del suelo. Esto además ha mermado la capacidad de adaptación de los bosques, ya que se frenan acciones de combate a plagas y retiro de materiales combustibles para prevenir incendios forestales.» La sobrerregulación ejercida sobre el sector forestal, agregó, contradice al discurso oficial que pretende hacer frente al cambio climático.
Lamentando que muchos recursos no son aplicados de buena forma en materia forestal y que las inspecciones de Profepa y los permisos burocráticos de la Semarnat están frenando que las comunidades establezcan un manejo forestal adecuado, ya que los altos costos de papeleo, la tardanza en tiempos de los permisos y las multas que aplica Profepa, impiden que las comunidades rurales apuesten al manejo forestal.
Igualmente, Vania Montalvo de Transparencia Mexicana hizo referencia a que «la creación del Anexo Transversal 15, incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación representa un importante avance en términos de transparencia presupuestaria pues busca concentrar la información de todos los recursos federales destinados a atender la problemática del cambio climático. Sin embargo, explicó, es necesario fortalecerlo en la presentación y desagregación de la información; mejorar la metodología que utilizan las dependencias y entidades para establecer qué recursos reportarán en el Anexo; y seguir el ejercicio de dichos recursos.
Ya que un grave problema de este Anexo es que falta transparencia para saber los verdaderos gastos que se destinan a la mitigación y adaptación climática, además que diversos programas que no contribuyen a este fin, son incluidos en dicha bolsa, para así inflar el presupuesto ambiental, que en realidad no contribuye a la sustentabilidad nacional.
Finalmente, Andrea Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), lamentó que el Fondo para Cambio Climático, creado para captar y canalizar recursos financieros hacia la ejecución de acciones para enfrentar esa problemática, aún no se haya implementado. Señaló que también está pendiente la publicación del estado en el que se encuentran las reglas de operación del Fondo, mismas que deberían haber sido aprobadas por el Comité Técnico en diciembre de 2012.
Por todo lo anterior, las organizaciones del Grupo de Financiamiento para Cambio Climático solicitaron que:
Los poderes, de acuerdo con las atribuciones que les brinda la Constitución, muestren un compromiso real para enfrentar el cambio climático, ya que no es un tema de partidos o coyuntural, sino de seguridad nacional. Se requiere de la atención y acción de todos los grupos sociales, económicos y políticos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desarrolle una metodología de asignación presupuestaria para el Anexo 15 transversal que garantice que los recursos públicos reportados en el mismo se dirijan a acciones con un impacto positivo en la mitigación y adaptación del cambio climático.
La SHCP incluya un presupuesto mínimo de operación y subsidios para el Programa de Movilidad Urbana Sustentable dentro del ramo administrativo 15 correspondiente a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revise los contenidos del Programa Especial de Cambio Climático (PECC) para establecer metas más ambiciosas al 2018 y así se alcance la meta de reducción al 2020.
La Profepa y Semarnat desarrollen acciones congruentes con la política de cambio climático y favorezcan el manejo sustentable de los bosques.
La Secretaría de Energía establezca compromisos de reducción de emisiones a través de energías renovables sostenibles.
Las políticas climáticas protejan los derechos humanos y disminuyan las brechas de desigualdad, ya que el cambio climático no es simplemente un problema ambiental, sino uno que genera impactos sociales y económicos que afectan a toda la población.
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