El presidente del Colegio de Biólogos de México (CBM), Ricardo Medina Calvario manifestó que “los ciudadanos mexicanos tenemos el derecho constitucional de un medio ambiente sano y que esto se cumpla compete a todos, por ello, el Colegio de Biólogos de México lleva a cabo foros en los que se analiza la recientemente publicada Ley Federal de Responsabilidad Ambiental”.
Lo anterior lo indicó en el marco de la inauguración del Foro “El Enfoque Social en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental”, en donde dijo que existen significativos avances en materia de aplicación de los instrumentos de política ambiental plasmados en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo se tienen importantes logros en el dinamismo de esta ley a través de la participación de la ciudadanía.
Medina Calvario detalló que a lo largo de 25 años se han generado gran cantidad de propuestas plurales por parte de organizaciones sociales, colegios de profesionistas, instituciones académicas e incluso por agencias gubernamentales como por ejemplo la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) en la búsqueda de un Desarrollo Sustentable.
El presidente del CBM enfatizó que “es de suma importancia, la necesidad de que la ciudadanía en general, se involucre aún más en todos los asuntos públicos, Educación, Seguridad Pública y Procuración de Justicia, Crecimiento Económico y de manera particular el Medio Ambiente, participando activamente en la Detección de los problemas que lo afectan, generando y estableciendo más espacios de participación para expresar nuestras ideas, necesidades y gestionando propuestas que permitan contribuir a la construcción del tan ansiado desarrollo sustentable de nuestro país” puntualizó.
Añadió que el Programa de Pago por Servicios Ambientales cuenta con un Comité Técnico Consultivo, cimiento de participación social que permite el aporte de ideas y mejoras al programa.
Por su parte, el presidente del Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales, Salvador Muñúzuri destacó la importancia de que la Ley exija la reparación del daño, además de que se contemplan sanciones económicas mucho más altas y que cualquier ciudadano puede demandar judicialmente cualquier acto que atente contra el ambiente.
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