La escasez de agua registrada en las delegaciones Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa en la Ciudad de México (CDMX) como consecuencia del sismo del 19 de septiembre, representa un foco de conflicto social debido a que la ciudad no cuenta con planes de emergencia que orienten a los ciudadanos ante este tipo de situaciones, señaló Aleida Azamar Alonso, profesora-investigadora del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Aunque la zona centro de la Ciudad de México es la que más daños sufrió, la mayoría de los servicios básicos no se suspendió o fue restaurado rápidamente, mientras que en colonias situadas a 40 kilómetros del mismo punto, hay espacios que aún carecen de agua, luz o servicio telefónico.
La situación era padecida por la población de esas demarcaciones, pero se agravó con el movimiento telúrico y desafortunadamente no han obtenido atención “por la falta de clústers relevantes”; por lo tanto los vecinos se enfrentan a un escenario complejo: la carencia del bien y la ausencia de autoridades que respondan con estrategias o medidas adecuadas y claras ante el problema, lamentó.
Ante esta situación, la académica del área de Análisis y Gestión Socioeconómica de las Organizaciones de la Unidad Xochimilco planteó la necesidad de establecer una estrategia para crear un órgano popular de vigilancia del uso del agua y de los recursos económicos asignados para la restauración de dichas delegaciones.
Además propuso formular un plan de emergencia para orientar a los habitantes afectados por éste u otros desastres naturales para que sepan a dónde ir a solicitar apoyo.
También se requiere promover conciencia social en el uso y consumo del líquido, ya que de otra forma, aunque regrese el servicio, éste no será suficiente debido a que se le da prioridad a la industria y/o la cultura de oferta que existe en el país.
“El gobierno debe asumir su responsabilidad” y ante la demanda de la población para involucrarse “sería adecuado que existieran indicaciones claras” para saber qué hacer en casos de emergencia y disminuir la confusión entre las personas de esas demarcaciones que, aunada a los daños de las viviendas que muchos sufrieron, genera un clima de malestar social.
La economista sostiene que México es una nación de grandes contrastes en cuanto al vital líquido, ya que mientras en las zonas urbanas se tiene acceso casi total, 92 por ciento, para todos; en las áreas rurales al menos uno de cada cuatro individuos carece de los servicios básicos, incluida el agua corriente, 75 por ciento; además, 72 por ciento es destinado a actividades agrícolas.
Debido a la falta de tecnificación en el transporte de este recurso, menos de 50 por ciento llega a su destino final debido a que se derrama, evapora, filtra o vende en forma ilegal durante el camino. Por otra parte, sólo ocho por ciento es consignado a uso doméstico, el restante es empleado para actividades industriales.
De hecho las tarifas impuestas a las empresas pueden llegar a igualarse o ser menores que las de grandes consumidores domésticos, es decir, la inmediatez y la centralización del servicio hídrico responden a la concentración industrial en la zona urbana.
La doctora Azamar Alonso planteó que el gobierno mexicano ha fomentado una cultura de oferta del recurso, por lo que se ha creado poco interés sobre su protección y cuidado, reflejándose en prácticas de desperdicio que en varios países del mundo ameritarían sanciones administrativas o incluso la cárcel, lo cual es producto de la ausencia de participación ciudadana.
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