Exigen ONGs que ley Forestal tenga una consulta pública y evitar discrecionalidad

A cuatro sesiones de que termine el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF); la Red Indígena de Turismo de México (RITA); la Unión estatal de Comunidades Forestales (UESCO) y Bosques y Gobernanza A. C., señalaron que la Ley Forestal y la Ley General de Biodiversidad afectan de manera directa a Pueblos y Comunidades indígenas y Comunidades equiparables y, por lo tanto, ambas deben ser llevadas a un proceso de consulta.
Las cuatro organizaciones manifestaron que saludan la decisión de la Cámara de Diputados de detener la iniciativa de la Ley General de Biodiversidad, porque eso puede permitir la consulta y consideraron que el mismo camino debe seguirse con la Ley Forestal que se discute en el Senado. Por ello, hicieron un llamado a los Senadores que integran la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales a detener la iniciativa correspondiente y abrir los espacios para que sea analizada, discutida y consultada.
Al respecto, Ricardo Campos, Presidente de RITA, indicó que la minuta de la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que se discute en el Senado cae en el supuesto que contempla el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el sentido de que aquellas medidas que afectan directamente a Pueblos Indígenas y Tribales deben ser llevadas a una consulta libre, previa e informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
Agregó que la mayoría de las comunidades indígenas con bosques y selvas en sus territorios no saben que está discutiéndose una nueva ley y ni siquiera las organizaciones que siguen este proceso conocen la última versión del dictamen que discuten las Comisiones del Senado a las que se turnó: “…es un proceso muy opaco” puntualizó.
Por su parte, René Gómez Orantes, Presidente de Bosques y Gobernanza -organización a nivel estatal en Chiapas- indicó que la Constitución señala que las comunidades equiparables a las comunidades indígenas deben recibir un tratamiento similar y que la actual Ley Forestal contempla en su artículo 134 bis que el Consentimiento Libre, Previo e Informado es un derecho de Ejidos, Pueblos y Comunidades Indígenas, por lo que la población campesina de los ejidos forestales debe también ser consultada.
También comentó que: “…la compra de madera ilegal por parte de muchas empresas está asfixiando a los productores legales de madera, este es uno de los problemas fundamentales del sector y de abordarse mediante una estrategia integral ya que el enfoque convencional de verlo como un asunto exclusivo de la PROFEPA no ha funcionado y la minuta de nueva Ley Forestal no aborda este tema”
Baltazar López, Presidente de la UESCO, señaló que entre los contenidos de la iniciativa que preocupan a las organizaciones forestales está el recorte de las funciones que hoy tiene el Consejo Nacional Forestal (CONAF) lo cual representa una regresión en el derecho humano en materia de participación y señaló: “…se quiere dejar a este consejo con un carácter únicamente consultivo, el cual  ya tiene, pero también de asesoría, supervisión, vigilancia, evaluación y seguimiento en la aplicación de los criterios de política forestal y de los instrumentos de política forestal”.
Gustavo Sánchez Valle, Presidente de Red MOCAF, indicó que la semana pasada fue dictaminada en la Comisión de medio Ambiente y Recursos Naturales (COMARNAT) una nueva iniciativa en materia forestal, propuesta por la Diputada Laura Mitzi Barrientos Cano, del PRI en la que se propone adicionar a la actual ley el artículo 130 bis que establecería un nuevo requisito para los titulares de programas de manejo forestal sustentable.
Esta iniciativa, aunque se trata de un solo artículo, establece la obligación para quienes hacen manejo forestal de manera legal de presentar un proyecto para fines de conservación y restauración de suelos, cuencas hidrológicas, biodiversidad, ecosistemas y componentes, sin considerar que el Programa de manejo forestal Sustentable ya contempla estas acciones.
Sánchez Valle indicó que este es un trámite innecesario, que aumentará los trámites burocráticos en SEMARNAT y en la práctica se convertirá en un incentivo perverso que alentará la tala ilegal: es el tipo de medidas que antes de proponerse deben los diputados consultarlas con la población directamente afectada y con los expertos en el tema para saber si tiene sentido y si es necesaria.
Los representantes de las cuatro organizaciones hicieron un llamado a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado de la República y de la Cámara de Diputados a aprovechar lo que queda del periodo ordinario de sesiones para convocar a un diálogo sobre el formato y protocolo de consulta tanto de la minuta de la nueva Ley Forestal, como la propuesta de crear el artículo 130 bis en la Ley Forestal vigente.
Los representantes de Red MOCAF, RITA, UESCO y Bosques y Gobernanza llamaron a los legisladores de estas comisiones del Senado y la Cámara de Diputados a cerrar bien el periodo ordinario de sesiones y a respetar el marco jurídico vigente y señalaron que es ya insostenible que en pleno siglo XXI algunos legisladores insistan en no respetar los derechos de indígenas y campesinos.