Silverio Arrollo y Ricardo Chávez,
Colaboradores invitados
Desde el año 2010 existían cinco focos de explotación clandestina por talamontes que habían instalado aserraderos, multiplicándose hasta llegar a unos 50 focos. Con el pretexto de existir maderas muertas por el derribo de árboles por vientos de temporada, realizaban devastación de árboles en pie, aparentando sanear el bosque; como hongos, después de la lluvia, crecían los focos de talamontes, quienes como relámpagos levantaban aserraderos.
Ante estos hechos la representación comunal de los pueblos integrantes de la comunidad de Milpa Alta (Malacatepec), presentó las denuncias y solicitudes a las autoridades relacionadas con la regulación, manejo y conservación de los recursos forestales y del suelo: Semarnat, Corena, Profepa, las que, a pesar de realizar visitas de vigilancia, les faltó, en forma oportuna, solicitar una intervención judicial inmediata para darle manejo correcto y legal a las maderas muertas de Milpa Alta, que son utilizadas por comuneros, legalmente, para uso doméstico y sus tradicionales fiestas y mayordomías, según sus usos y costumbres.
Todo esto generó un conflicto que puso en peligro la seguridad física de comuneros y vecinos de los pueblos de Milpa Alta, ante la falta de acciones inmediatas, jurídicas y judiciales por las instancias administrativas de los gobiernos federal y del Distrito Federal, cuyo tiempo permitió que los talamontes tomaran bajo su poder casetas de vigilancia realizando acciones de amedrentamiento contra comuneros y vecinos que tenían necesidad de realizar tareas culturales propias de su vida comunal en su propio territorio y se les impedía el acceso para que no intervinieran en las acciones de los talamontes que despojaban a la comunidad de sus maderas muertas y de árboles en pie. Estos talamontes utilizaron personal de otros lugares para realizar sus acciones de rapiña, derrumbe aserre y transportación de la madera a los mercadeo, estructurando un equipo humano con infraestructura visible, apoyándose con armas, que violentaron la vida social y económica de Milpa Alta.
En este tiempo los comuneros, a través de su representación comunal, realizaban sus reuniones y asambleas generales para buscar una salida legal y jurídica al despojo e ilegal explotación de sus recursos naturales forestales, así como la instrumentación de acciones complementarias que ayudaran a proteger el bosque con el apoyo de las autoridades correspondientes con proyectos de manejo y conservación y de su entorno ecológico, así como la vida animal y vegetal.
Los comuneros cuentan con una superficie de 27 mil hectáreas, en su mayoría boscosa, que le fueron restituidas por resolución presidencial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 1952.
En esa superficie boscosa y áreas cultivables puede caber una gran variedad de proyectos con programas económicos de conservación, uso y manejo de los recursos forestales y bióticos, protección de recursos hídricos, producción de oxígeno, mejoramiento del aire, reforestaciones, contraincendios, reproducción de especies como el Teporingo, gorrión zacatero y aves endémicas de la región, programas existentes de estos últimos proyectos que necesitan mayor apoyo técnico, logístico y económico, para ampliar su participación que, de alguna forma, tienen una gran experiencia en el manejo de la vida vegetal y animal del bosque, y de esta manera ir acabando con los talamontes, aserraderos clandestinos y poner punto final a la explotación rapaz y clandestina del bosque de la comunidad de Milpa Alta.
Se deben apoyar con programas que ayuden a consolidad la vida, social y económica de la familia de los comuneros, de los recursos forestales y la vida vegetal y animal, ya que son dadores de aire limpio, oxígeno, agua para el subsuelo y para el esparcimiento visual.
La comunidad es toda una unidad económica, social, cultural, con un territorio definido con 27 mil hectáreas con una diversidad de pueblos, con sus propios usos y costumbres dentro de un estado de derecho. Que están en su derecho.
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