Durante la última cumbre del clima, COP 27, México presentó una actualización del componente de mitigación de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC), en la cual se comprometió a reducir de manera no condicionada 35% de las emisiones de GEI con respecto al escenario tendencial y –de contar con mayor apoyo internacional– dicha meta incrementará a 40%.
Por su parte, para apoyar con insumos técnicos los compromisos climáticos nacionales, Iniciativa Climática de México (ICM) presentó una propuesta de NDC desde la Sociedad Civil, en la que se detallan las acciones claves para incrementar la ambición de México. En ella, el sector eléctrico juega un papel fundamental en la descarbonización de la economía, principalmente a través de un impulso acelerado de energías renovables, tanto a gran escala como en generación distribuida. De acuerdo con la propuesta, la generación distribuida debería tener una capacidad instalada de 13 GW en 2030. Esto significa que, si México quiere cumplir con sus compromisos climáticos, debe instalar por lo menos 1.3 GW por año, el equivalente a un poco más de la capacidad instalada del proyecto emblema de Puerto Peñasco, Sonora.
En México existen 32 millones de hogares, sin embargo, menos del 1% (0.87% o 278,753 hogares) cuenta actualmente con techos solares. Una de las barreras para que las familias mexicanas instalen techos solares es el costo de inversión inicial, y a pesar de que éste se ha reducido de manera considerable, en la mayoría de los casos no es atractiva la inversión. Esto se debe a que más de 99% de los hogares tienen una tarifa subsidiada por el Estado.
Cada año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), destina un monto (subsidio) a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para cubrir la diferencia entre el costo de la energía y los ingresos por la venta a los hogares subsidiados. Tan sólo en 2023 se asignaron 76,624 millones de pesos del presupuesto federal para “el subsidio a las tarifas eléctricas”. Esto representa una carga económica para el Estado, y para las y los mexicanos, que podría utilizarse para cubrir otras necesidades sociales.
En ese sentido, resulta necesario canalizar el subsidio eléctrico a una inversión productiva que beneficie a la CFE, al Estado, y a las y los mexicanos. El programa Hogares Solares atiende estas inquietudes y además permite democratizar la generación eléctrica y abonar a la soberanía energética.
Este programa propone recanalizar el subsidio eléctrico hacia la dotación de sistemas fotovoltaicos (techos solares) en las viviendas residenciales, a través de un mecanismo revolvente que permite maximizar el beneficio social de los recursos públicos, beneficiar a los usuarios finales a través de una reducción en su gasto por concepto de electricidad (de alrededor de 20%). Como una primera etapa se propone instalar 4.5 GW al 2030, en 1.5 millones de hogares mexicanos. El programa -tan sólo en esta etapa- generaría un beneficio neto a la CFE de 169,000 millones de pesos en 2030 y de hasta 800,000 millones de pesos al final de la vida útil de los sistemas (2055), mitigar 26,663 toneladas de dióxido de carbono equivalente, y la generación de, por lo menos, 111,969 empleos (107,445 en instalación y 4,524 en operación y mantenimiento).
Dado el gran potencial que tiene para escalarse y los amplios beneficios que ofrece, el Programa Hogares Solares debe ser una de las medidas pilares que nos permita avanzar en la transición energética y cumplir con la NDC y con el Acuerdo de París, para este gobierno y el siguiente.
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