Con su actual estructura institucional la Ciudad de México (CDMX) no podrá responder a los retos presentes y futuros que enfrenta en términos de sustentabilidad, pese a los principios que en la materia se plantean en la nueva Constitución aprobada para la capital mexicana y que entra en funciones para este mes de septiembre, la cual cambia diversas nomenclaturas de nombres, forma de gobierno municipal, descentraliza el uso de suelo, la seguridad pública, políticas de calidad de aire, reforestación, agua, urbanismo, energía, etc.
Sobre este negro panorama que se avecina sobre la ciudad y que hacen crecer la sombra de la corrupción oficial, interés partidistas, especulación de tierra, asentamiento del crimen organizado, etc, son los temas de los cuales advirtieron los doctores Francisco Javier Dorantes Díaz y Rafael Calderón Contreras, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), al participar en el Foro La Constitución de la Ciudad de México; retos y realidades.
Calderón Contreras, investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Unidad Cuajimalpa de la UAM, sostuvo que es imposible pensar que la urbe puede ser sustentable, en primera instancia, porque el modelo teórico de ese concepto “es erróneo y problemático por definición”.
El diseño de la constitución política de la metrópoli “sigue una tradición muy mexicana”, pues en su proyecto puede ser considerada de avanzada, pero en la aplicación enfrenta dificultades que hacen que dicha política expresada en el texto legislativo “no tenga sentido”.
El contexto político, económico, social y cultural de la capital permite pensar que aunque la política pública esté esbozada con las mejores intenciones y modelo posible, la implementación siempre va a ser un problema.
Las principales leyes que se relacionan con la sustentabilidad en México están basadas en una teoría del equilibrio ecológico, que desde los años 70 del siglo pasado ha sido refutada, además de que “los que hacemos trabajo ecológico sabemos que ningún sistema socioecológico tiende al equilibrio”.
El modelo teórico que fundamenta la idea de la sustentabilidad en la Constitución de la Ciudad de México sigue esa tradición y “no podemos seguir pensando en esos esquemas cuando no funcionan y no tienen aplicación”.
Calderón Contreras sostuvo que las nuevas posturas teóricas de la sustentabilidad implican trabajar en otros modelos y, en ese sentido, una legislación “debiera considerar que no hay nada ecológico que esté fuera de lo social y no hay nada social que esté fuera de lo ambiental”.
Declaró que la recién aprobada Constitución trata de regir el comportamiento de las personas, por lo tanto la manera como éstas se comportan en sociedad está cercanamente relacionado con lo que establece la Carta Magna, sin embargo tal como está diseñada “no asegura un cambio en actitudes en favor de la sustentabilidad”, pues redacta ideales de igualdad y actitudes sociales que son imposibles de cumplir y se quedarán en el ideario político pero no en la sociedad.
Por su parte, Dorantes Díaz, dijo que buena parte de la Constitución está inmersa en una controversia, tal es el caso de los conceptos rectores, entre los que se halla el de sustentabilidad.
La Carta Magna otorga facultades sobre uso de suelo a las alcaldías y basta imaginar lo que sucederá “cuando cada regidor tenga su propio criterio para esta situación en la metrópoli”, eso se convertirá en un problema que deberá plantearse, consideró el autor de diversas publicaciones en teoría del derecho.
Otra de las razones por las que no se puede hablar de una ciudad sustentable, además de las competencias de las alcaldías en el desarrollo urbano, es el relacionado con los derechos de los pueblos indígenas, pues en el artículo 59 se hace referencia a que estas comunidades ejerzan sus sistemas normativos en la regulación de sus territorios.
Es decir que “no solamente habrá una planeación de la urbe en el ordenamiento sustentable, sino que también las delegaciones y ahora cada pueblo indígena va a decidir cómo ordena su espacio”; se trata de principios que no logran la sustentabilidad, “por más que queramos a los pueblos originarios”, sostuvo.
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