Aunque los estudios de impacto ambiental se realizan formalmente en México desde finales de la década de los 80, expertos en el tema consultados por el gobierno federal califican con cinco –en una escala del uno al 10– su eficacia para garantizar la minimización de los problemas ambientales del país, según el análisis sobre dicha consulta, realizado por Ángel Mercado Moraga, investigador del Departamento de Teoría y Análisis de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Al participar en el Seminario-taller Gestión Urbana y Ordenamiento Territorial, retos y perspectivas para la Ciudad de México, que se lleva a cabo en la Casa Rafael Galván, centro de extensión universitaria de esta casa de estudios, el investigador de la Unidad Xochimilco señaló que el arranque formal del procedimiento de evaluación del impacto ambiental en México se registró en 1988, año en el que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en Materia de Impacto Ambiental.
Advirtió, que alrededor de 15 expertos consultados opinaron que “el instrumento no es eficaz ni expedito; no se garantiza en ninguna forma el cumplimiento de condicionantes, es discrecional y no hay seguimiento de los proyectos”.
Expuso el especialista en regeneración y rehabilitación urbana, existen serias lagunas regulatorias y se carece de conocimiento suficiente sobre la “capacidad de carga” de los ecosistemas, concepto que se refiere al daño acumulado de un ecosistema y cuánto es capaz de soportar.
Mercado Moraga comentó que la evaluación del impacto ambiental es un instrumento que tiende a relajarse “porque a veces ni a quienes promueven ni quien va a ejecutar la obra les conviene que el impacto sea veraz” y porque los particulares o el propio gobierno encuentran que algunas obras “no debieran ser objeto de impacto ambiental”.
Precisó que en el Distrito Federal uno de los problemas normativos radica en la escala de los proyectos porque si bien se exigen estudios de impacto urbano ambiental a partir de proyectos de vivienda –por ejemplo– que tengan más de 10 mil metros cuadrados, en tanto que proyectos que tengan menos de ese límite no requieren estudios.
SE PIERDEN LOS MANGLARES DE MANDINGA, VERACRUZ
Investigación realizada por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) dio a conocer que el bosque de manglares en la laguna costera de Mandinga, Municipio de Alvarado, Veracruz, perdió 202 hectáreas en el periodo 1990-2000 debido a tala inmoderada y diversos factores de presión.
La cifra representa casi el doble de la disminución sufrida la década anterior, una tasa alta en comparación con otras lagunas costeras, advirtió el doctor Javier Aldeco Ramírez, profesor-investigador del Departamento del Hombre y su Ambiente de la Unidad Xochimilco y coordinador de la investigación científica sobre la salud del sistema lagunar de Mandinga, que forma parte de los diversos proyectos del Laboratorio de Procesos Costeros de la UAM.
Las imágenes satelitales comparativas de los años 1970, 1980 y 2000 que presentan en su trabajo dan testimonio de esta destrucción y justifican la necesidad urgente de conocer de forma pormenorizada el estado de los recursos manglares en el país.
De igual manera, proporcionan subsistencia a los pobladores con el desarrollo de diferentes actividades económicas, en el caso estudiado se calcula que el valor anual de los servicios ofrecidos por cada hectárea varía entre los 10 mil y 16 mil dólares.
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