El presidente Donald Trump, firmó una orden ejecutiva solicitando a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, debilitar diversas políticas en materia de salud, e incluye las bases para revocar el Plan de Energía Limpia la primera normatividad realizada para reducir las emisiones contaminantes de carbono provenientes de las grandes centrales eléctricas.
Al respecto, Fred Krupp, presidente del Environmental Defense Fund, comentó que “el decreto firmado, también ordena una revisión de las políticas de protección contra la contaminación por metano. Al ir en esa dirección, el gobierno está minando soluciones sencillas y de sentido común a un problema muy serio. Alrededor de 10 millones de toneladas métricas de gas natural son desperdiciadas año con año en Estados Unidos a través de fugas, venteo y quema de metano suficiente gas para satisfacer las necesidades energéticas de cada hogar en Pennsylvania u Ohio por todo un año”.
Explicó que este desperdicio de recursos e impuestos, viene acompañado de una gran nube contaminante que amenaza la salud de cientos de miles de estadounidenses que viven cerca de los yacimientos petroleros o gaseros, compresoras u otros centros de producción, almacenamiento o transportación. Al solicitar a las agencias desmantelar estas políticas de salud, el gobierno se está asegurando que la industria del gas natural no sea capaz de establecer su reputación de proveer energía limpia.
Indicó que “la orden ejecutiva también busca terminar con el uso de un importante instrumento de medición del daño económico causado por el impacto del cambio climático. Esta medición, conocida como el costo social del carbón, fue desarrollada mediante un proceso interinstitucional basado en la ciencia y la economía. El costo social del carbón es esencial para asegurar un sólido análisis de la política ambiental basada en los impactos a la salud pública. Retirar su uso en el gobierno federal no sólo llevará a la confusión regulatoria, sino a encubrir los costos de la contaminación por carbono, inclinando los análisis y viciando las políticas contra las soluciones de sentido común que protegen la propiedad y la salud pública”.
Añadió que esta orden ejecutiva regresa a los Estados Unidos a una época de más contaminación y más enfermedades, y es con vista a este futuro que México puede decidir tomar acciones diferentes en materia de metano.
Los cambios históricos en el sector energético de México, -quinto mayor emisor del mundo en metano-, abrieron a la industria mexicana de petróleo y gas a la inversión privada por primera vez desde que fue nacionalizada en 1938. Es directamente viendo hacía los intereses de México la importancia de garantizar que todas las empresas de petróleo y gas que operan dentro de sus fronteras cumplan los mismos estándares ambientales que se cumplen en otras partes de Norteamérica.
De lo contrario, las empresas que operan en otras regiones pueden aprovechar las diferencias en las protecciones nacionales y esto podría perjudicar la economía de México y a sus ciudadanos.
Los estados de Ohio y California aprobaron recientemente nuevas políticas para regular la contaminación por metano de la industria del petróleo y el gas, dejando claro que las acciones en Estados Unidos continuarán a pesar de la última orden del presidente Trump.
De igual forma, Canadá está dispuesto a proponer sus regulaciones federales sobre metano esta primavera. En junio pasado, México se comprometió a reducir las emisiones de metano en un 40-45% para 2025. México ha dado los primeros pasos hacia su meta, pero se necesitan más medidas para desarrollar regulaciones sólidas y completas que puedan cumplir plenamente con el compromiso de reducir las emisiones de metano en el país.
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