Pese a que la producción de energía eólica en México creció aceleradamente en los últimos años, como muestra que 5.74% de la electricidad generada en 2018 proviniera de ese sector –según datos de la Secretaría de Energía del gobierno mexicano– en 2019 se observó una baja en la inversión por la incertidumbre que causó la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, señala Yolanda Mexicalxóchitl García Beltrán, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en la Ciudad de México (CDMX).
Mencionó que, en su mayoría, los 56 parques eólicos que operan en el país son impulsados por capital privado y clasificados en dos modalidades: autoabastecimiento, cuando son financiados por empresas que proveen del fluido sus propias instalaciones –Bimbo, Soriana y Walmart– y las que lo venden a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Eólica, de entre los 14 estados que participan activamente, los que poseen mayor potencial y capacidad instalada son Oaxaca, en primer lugar, seguido de Jalisco, Tamaulipas, Baja California, Puebla, Zacatecas y Yucatán, estimándose que para 2024 se sumen cuatro entidades más a la lista.
García Beltrán explica que la inversión privada en proyectos de fuentes renovables es significativa, pues según Forbes, tan sólo en 2017 la solar y la eólica alcanzaron los seis mil millones de dólares y entre diciembre de 2018 y junio de 2019 el monto fue de dos mil 550 millones de dólares, de lo que se deduce que el Estado no está obteniendo ganancias por la explotación de los recursos naturales nacionales.
Esto explica que el gobierno suspendiera las subastas para nuevos proyectos de electricidad y que la ingeniera Rocío Nahle García, secretaria de Energía de México, anunciara que las mismas se reanudarán hasta 2021, mientras el Estado desarrolla modelos para competir en el mercado de los renovables; la CFE será una de las primeras en incursionar en el ramo, en especial en las hidroeléctricas por su rentabilidad.
Al respecto, el director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, señaló que este tipo de energía es costosa y la Comisión Federal tiene la capacidad de producirla, por lo que apoya la decisión de detener la venta de este tipo de energéticos, pero no está de acuerdo con que exista una posible reapertura de subastas.
Aunado a ello, está la postura de Víctor Manuel Toledo Manzur, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del gobierno mexicano, quien considera que “son muchos los impactos sociales que se han presentado en los territorios indígenas, donde se han instalado proyectos de esta índole, reiterando que es necesario implementar modelos que permitan que la ciudadanía sea capaz de generar su propia energía autosustentable”.
Así, la industria eólica enfrenta la cancelación de subastas, además de la falta de implementación de líneas de transmisión eléctrica cuya construcción también fue anulada, por lo que será difícil que se cumpla la meta establecida por el gobierno mexicano de alcanzar en 2024 el 35 por ciento de la energía proveniente de fuentes renovables, como prospectó el ingeniero Alfonso Morcos Flores, director del Centro Nacional de Control de Energía.
En esta empresa “se debe vigilar no sólo el alcance en números, sino la manera en la que se llevan a cabo esos proyectos y garantizar que éstos no violen la libre autodeterminación de los pueblos”.
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