Roberto Ramírez de la Parra, Director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la conferencia de prensa sobre Decretos de Reserva de Agua, dijo que pese a los 10 decretos no se está privatizando el agua, sino que su disponibilidad es que se reserve para los humanos y el medio ambiente.
Calificó que es todo lo contrario a lo que todos los especialistas y organizaciones civiles han dictaminado y pese a que se está decretando una sobreconcesión de las cuencas que entran a este nuevo sistema jurídico de control del líquido.
Calificó que esto es un tema de aprovechamiento electoral y que se busca atacar al PRI y al PVEM, que tienen el control de la CONAGUA, dijo que se busca denostar este trabajo, que indicó ha sido a favor de la población.
El agua es de injerencia de la nación y explicó que no existen letras chiquitas en estos decretos y catalogó que Peña Nieto está salvando el agua y haciendo algo nunca visto al reservar el agua para los mexicanos. “es triste tener esta conversación, ya que se está buscando lo contrario”.
Subrayó que todo este tema es electoral, y respondió de forma molesta que el agua no se privatiza, y dijo que no existe país en ninguna parte del planeta tiene concesionada su agua para control de empresas.
Explicó que “ hemos decidido convocar a esta conferencia de prensa, derivado de las mentiras que se han venido diciendo a través de actores cuyo único objetivo es buscar desorientar a la población y buscar obtener un beneficio de carácter político-electoral en estas épocas que estamos viviendo en nuestro país”.
Quiero iniciar diciendo que la emisión de los decretos de reservar no cambia la naturaleza del agua como un bien nacional, tal como lo establece el artículo 27 de nuestra Constitución y nuestra propia Ley de Aguas Nacionales, por lo tanto, el agua no se privatiza con estos decretos de reserva de agua.
Dijo que es mentira esta situación, como también lo fue, en su momento, el que presentaría el Ejecutivo una ley, durante este año, para efectos de llevar a cabo este tema de la privatización del agua y que, en su momento, dijimos claramente, y lo vuelvo a reiterar, que el Gobierno de la República no presentará ningún tipo de iniciativa de Ley General de Aguas que busque de ninguna manera privatizar el agua, así como tampoco se hizo a través de la emisión de estos decretos de reserva de agua.
Los decretos de reserva de agua tienen como objetivo primordial y voy a leer la Ley de Aguas Nacionales exactamente en su artículo 41, que establece las únicas posibilidades para las cuales se puede emitir un decreto de reserva de agua de acuerdo a la ley:
Detalló que el procedimiento correspondiente para los decretos no inició el 5 de junio de 2018, como falsamente se ha dicho; el 7 de julio del año 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la disponibilidad del agua en todo el país; es decir, desde julio del año 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación, establecimos donde, de acuerdo a estudios técnicos, había disponibilidad de agua para poder ser utilizada.
Lo que sucede cuando tenemos disponibilidad de agua son varias variantes: la primera, la posibilidad de concesionarla; la segunda, si existe una veda, poder quitar la veda o tener que quitar la veda, en virtud de que ya hay una disponibilidad para poder concesionarla, y número tres, poder optar por el tema de la reserva de agua, dijo.
“Yo quisiera decir que lo que se está diciendo en este momento por diversos actores, como les decía yo, con interés de carácter político-electoral, es mentira, porque sería contradecir nuestro régimen de Aguas Nacionales que está contenido en el Artículo 27 Constitucional desde 1917, no a través de un Decreto de Reserva de Agua publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de junio de 2018”.
En atención a los medios de comunicación, informó que en total son 10 decretos de reserva de agua, se reservarán 169 mil 913 millones de metros cúbicos para tema medio ambiental y para la parte del público urbano o uso doméstico, se reservan un millón 366 mil 268 millones de metros cúbicos de agua correspondiente en estas reservas de agua.
Sobre poner las reglas claras que el resto del agua de estas cuencas no sea sobreexplotado por los nuevos concesionarios indicó que “solamente en aquellas cuencas que había veda y disponibilidad, se levantó la veda correspondiente, e inmediatamente después lo que hicimos fue reservarla”.
Prácticamente el 80 por ciento del agua se reservará; el otro 20 por ciento entra a la disponibilidad y al régimen concesional que ha existido en nuestro país desde 1917, y desde 1992 como única figura de concesión a través de la Ley de Aguas Nacionales.
“Hay que vigilar, evidentemente, el tema de la disponibilidad, sin embargo, el principal punto de partida es que ya no se pueden otorgar concesiones, ya legalmente cerramos esa llave para poder otorgar concesiones en ese 80 por ciento del agua que tenemos disponible”, justificó.
Dijo que una vez que se empiecen a ingresar las solicitudes para obtener concesiones se otorgarán conforme a la prelación de usos, en aquellos usos que están de acuerdo al orden que establece la Ley de Aguas Nacionales.
Detalló que “estoy convencido de que en esta administración no se otorgará ninguna concesión para ese 20 por ciento adicional, difícilmente llevaremos a cabo el procedimiento de la solicitud, del análisis y la entrega de la concesión en esta administración, con lo cual además quiero decirlo claramente, como lo he dicho en reiteradas ocasiones: No mandamos una iniciativa de Ley de Aguas Nacionales, no daremos agua potable para la parte del fracking y número 3, no otorgaremos ninguna concesión de agua en esta administración en aquellos lugares a que haya disponibilidad y de lo que resta del 20 por ciento correspondiente.
En el tema de los indígenas. No estamos quitándole el agua a nadie, declaró y añadió que no se afectan los derechos actuales; es decir, estas reservas de aguas son sobre la disponibilidad, el excedente que no está concesionado a nadie, que no tiene absolutamente nadie. Es decir, no estamos afectando nada, expresó, pero no ejemplificó que el agua que se concesiona no tiene los medios para medir que las empresas sobrepasen esos límites y quiten agua a las comunidades.
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