Se dio a conocer que tras 21 meses de lucha judicial, el Poder Judicial Federal mexicano acepta iniciar el juicio del maíz transgénico y ello debido a que se ha ganado 19 juicios de amparo entre las 91 impugnaciones intentadas por la agroindustria y las dependencias gubernamentales, en un total de 17 tribunales.
Para de esta manera se estudie si la siembra de maíz genéticamente modificado dañará el derecho colectivo de los mexicanos a la diversidad biológica, es decir, si la contaminación de maíz con trangenes vulnera el derecho de utilizar las razas nativas, así como el derecho que tienen las personas para aspirar a obtener más variedades, a partir de los nativos o de su par silvestre.
En la demanda presentada por diversas organizaciones campesinas y ambientales se argumenta que el derecho a la utilización de las razas nativas incluye los derechos derivados: derecho a la salud, derechos de los pueblos originarios y derecho a la alimentación, lo que comprende el derecho a la comida mexicana como patrimonio inmaterial de la humanidad.
Por ello, la revisión sobre los riesgos que traería la siembra o liberación de maíz transgénico, el debate judicial que se inicia confrontará las evidencias de las partes. El tema central será el derecho humano de generaciones presentes y futuras a la diversidad biológica de los maíces nativos o criollos, considerando todo el complejo de agroecosistemas. Sin embargo, otros temas, como la salud o la producción de alimentos, también entran a debate judicial.
La sentencia final deberá establecer que la siembra comercial, o a gran escala, de maíz transgénico, dañará el derecho humano a la diversidad biológica. También deberá impedir que se siembre en nuestro país, señaló Adelita San Vicente de Semillas de Vida y Representante de la Colectividad demandante.
La posibilidad de juzgar a los transgénicos y ponerlos en México, cuna del maíz, implica intensificar nuestra lucha, llamar a sumarse a esta causa a la Colectividad amplia del maíz, no sólo a quienes firmamos la demanda sino a todas y todos los que se verían afectados por la contaminación de este grano, el más importante hoy por su volumen de producción y en esa medida el grupo de mieleeros afectados por la siembra de soya transgénica representados por Jorge Fernández de MA OGM se sumaron a la demanda.
Por su parte, Emiliano Juárez del Grupo Vicente Guerrero de Tlaxcala dijo que los campesinos serían afectados al ser contaminados sus cultivos con transgénes y no tener la posibilidad de sembrar el maíz que ellos mismos le brindaron al mundo, también los grandes productores que verían cerrados los mercados interesados en maíz libre de transgénicos, demanda que cada día crece en el mercado mundial.
Las evidencias de daño a la salud se acumulan y por ello el rechazo de la mayor parte de los países del mundo (Europa se ha cerrado casi en su totalidad a la siembra de transgénicos, también China y Rusia han rechazado la importación) debe ser una alerta para México y rechace la siembra de transgénicos y empiece a solucionar la importación masiva de grano transgénico.
Es una falacia de los promoventes señalar que estas importaciones disminuirán con la siembra de transgénicos, se ha demostrado en los escasos países que siembran transgénicos (Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina y la India suman el 90 % de la superficie sembrada con transgénicos en el mundo) que los rendimientos no se incrementan, lo que sí aumenta es el uso de agroquímicos. Señaló Cati Marielle de Grupo de Estudios Ambientales e integrante de la Campaña Sin Maíz no hay País.
En estos 10 años que ha estado vigente la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, mejor conocida como Ley Monsanto, la investigación en bioseguridad ha avanzado: tenemos nuevos datos muy robustos en términos que deben ser contemplados por el Poder Judicial. Estos años han servido para demostrar que la bioseguridad y el principio de precaución son los temas que deben primar en un asunto que nos afectaría a todas y todos los mexicanos.
Cabe mencionar que el triunfo de estos 11 juicios de amparo, de los cuales 9 fueron presentados por empresas trasnacionales y 2 del gobierno federal a través de Sagarpa y Semarnat que se han dedicado a la defensa de los OGM antes de realizar estudios adecuados en el tema, sino que han tomado el papel de personeros de las empresas privadas que venden y patentan semillas.
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