Es oportuno el llamado de Manlio Fabio Beltrones, coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República: “Sugiero a todos los partidos políticos, sin excepción, que, antes de emitir una calificación o descalificación, veamos el paquete en su conjunto y pensemos qué es lo que necesita nuestro país para salir adelante”.
Mucho requiere México para salir adelante. Sobre todo un gobierno eficiente y eficaz. Integrado en sus tres poderes y en sus tres órdenes por servidores públicos comprometidos con las causas que representan. Honestos en el manejo de los recursos públicos que llegan a ellos a través de los impuestos, los derechos, los productos y los aprovechamientos.
Lo más cercano a los gobernados son los impuestos y los derechos. Los otros conceptos son menos perceptibles para la economía de las personas. Quién duda que a un aumento de impuestos corresponde una disminución de la capacidad adquisitiva de los salarios. Quién duda que el pago de derechos, servicios pues, referidos a tarifas encarece la vida de manera directa e indirecta.
Aunado a esto, el impuesto especial sobre productos y servicios, (IEPS), crece para bebidas alcohólicas y cigarros. Sin duda, esto provocará alzas de precios que se reflejará en contrabando y producción clandestina de estos productos, como sucedió cuando en la discusión de la ley de ingresos de 1997 se aplicó. Lo que siguió fue un “boom” de bebidas adulteradas con lo que se generó un problema de salud pública.
A la vista de los hechos pareciera que no hay de otra. De nueva cuenta las difíciles circunstancias provocadas por un déficit fiscal obligan a tomar “medidas dolorosas pero indispensables”. Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México, señala: “sería más costoso no hacer nada”.
En esta visión del “paquete” en su conjunto a la que convoca Manlio Fabio debe haber una consideración, fundamental, me parece: ¿qué pasará con la reactivación del mercado interno? Si la economía de la mayoría de los mexicanos se deprime por los aumentos anunciados con qué pueden acudir a la adquisición de lo necesario para vivir, para sostener una calidad de vida que va en declive.
Los planteles privados de educación informan de un descenso en su matrícula. Los padres no pueden sostener las colegiaturas de sus hijos. Las instituciones públicas de enseñanza no tienen capacidad para recibir a una población creciente de jóvenes que demandan espacios.
Con la disminución de las ventas los inventarios de empresas manufactureras y comercializadoras se quedan en bodega. Con esto la planta productiva de bienes y de servicios no tiene capacidad para mantener el empleo, muchos menos para aumentar su oferta.
¿Cuáles, pues, serán los efectos de la crisis y las medidas para enfrentarlas?
Disminución en la calidad de vida; agudización de la crisis educativa; desempleo creciente; aumento de la delincuencia, común y organizada; debilitamiento de la cohesión social; a pesar de las dificultades económicas de los Estados Unidos, mayor número de migrantes indocumentados en busca de trabajo; pérdida de credibilidad en las instituciones gubernamentales; riesgo de ingobernabilidad que nos coloque al borde de un colapso nacional.
Así, esperamos a que el buen juicio se imponga en el Congreso en el trámite de la ley de ingresos. Que las medidas contracíclicas sean eficaces para que en el mediano plazo, al término del sexenio de Felipe Calderón, las familias mexicanas recuperen, aunque sea parcialmente, lo perdido.
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