Silvia Emanueli, integrante de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el derecho al Agua (Comda), indicó que la “Ley General de Aguas ésta tergiversando el derecho humano al agua, se ésta utilizando conforme a las necesidades de las Reformas Estructurales, es una burla lo que se están realizando, en menos de 24 horas se aprobó una iniciativa que se acababa de dar a conocer”.
Resaltó que en el Artículo 76 de la Ley indica la posibilidad de suspender el servicio de agua por falta de pago, “ya se privatizó el subsuelo ahora van por los ríos”.
Dijo que es una Ley privatizadora, e hizo un llamado a una movilización social para que no pase una ley más que beneficie a unos pocos, por lo que convocó a manifestarse el Día Mundial de Defensa de los Ríos y Contra las Represas, y el Día Mundial del Agua, y para el día de mañana en la Cámara de Diputados.
Así lo manifestó en conferencia de prensa, en donde se dieron cita organizaciones como Alianza Mexicana contra el Francking, Agua para Todos, Greenpeace, entre otros, quienes manifestaron su inconformidad sobre la aprobación rápida de la Ley General de Aguas, la que se dio a conocer un día antes a los diputados que conforman la Comisión de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos.
Por su parte Alessia Kachadourian, estudiante del posgrado en hidrogeología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), subrayó que “existen estas violaciones a los derechos humanos que se han sustentado en una ignorancia efectiva generada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de todo el aparato de la administración pública, ya que la violación de los derechos antes mencionados no tienen ningún sustento científico nacional e internacional”.
Dejó claro que “sí hay agua en México, ya que científicamente desde la UNAM se ha comprobado que los balances que la Conagua que han utilizado a lo largo de la historia están mal hechos, o quizás están hechos para mentir a la ciudadanía inventando la llamada escases, la poca disponibilidad o la sobreexplotación de los acuíferos. Esta ley no tiene sustento científico actualizado” puntualizó.
Indicó que la información y el conocimiento que en México ha disminuido en los últimos años, por lo que la autoridad busca que esta ignorancia efectiva se vaya incrementando, y la inversión en el sector científico ha disminuido para actualización de los científicos, por lo que será un buen pretexto para que la iniciativa privada que cuenta con infraestructura y conocimiento participe.
Resaltó que “esta ley en el artículo 148 criminaliza la investigación científica por parte de la sociedad civil organizada, de forma individual o de otras formas; no existirá ningún derecho a cuestionar de lo que ésta pasando en el país en términos del agua” agregó.
En tanto, Ricardo Ovando Ramírez, integrante del Frente Nacional Agua para Todos, dijo que la Ley Korenfeld es totalmente autoritaria, ya que en el Artículo 263, cuando algún organización este en contra de sus determinaciones podrán hacer uso de la fuerza pública.
Areli Sandoval integrante de la Comda, indicó que “desde febrero de 2012 se constitucionalizó el derecho al agua y al saneamiento, y la tarea del legislador era diseñar, construir, discutir y aprobar una Ley General de Aguas que permitiera desarrollar estos derechos con base en los más altos estándares de derechos humanos que son aplicables en México y las obligaciones del Estado de respetar, promover y garantizar los derechos humanos a la luz también de la reforma constitucional en la materia de junio de 2011, para asegurar su aplicación en el país a través de la legislación secundaria”.
Aunque dijo que actualmente la iniciativa de Ley dictaminada por los legisladores del PRI, PAN y PVEM el pasado 5 de marzo vacía de contenido sustantivo estos derechos humanos que implican factores de disponibilidad, calidad, asequibilidad, sustentabilidad, accesibilidad física, sin discriminación y acceso a la información, y simula su inclusión reduciéndolos a un mal entendido mínimo vital (Art. 49), en donde hace una restricción de dotar 50 litros por persona al día y sólo para asentamientos legalmente constituidos (Art. 10 XLVII)”.
Añadió que pone en riesgo el ejercicio de estos derechos al profundizar un modelo de gestión que ha probado ser insustentable por décadas y que ahora favorece más la visión de mercantilización del agua con una mayor intervención de la iniciativa privada en infraestructura y servicios (Art. 129).
En tanto, Nathalie Seguin de la Red de Acción por el Agua, resaltó que la iniciativa ha omitido por completo el derecho al saneamiento (Art. 10 XXIV), demostrando una total ignorancia del compromiso internacional que ratificó México, ya que en junio de 2010 la resolución de las Naciones Unidas (A/RES/64/292) reconoció el derecho humano al agua pero también al saneamiento. Pero en esta Ley equiparán saneamiento con calidad, sin embargo, agregó que una cosa es garantizar la calidad del agua que consumen las personas y otra es el acceso al saneamiento, que consiste en tener un acceso a un sistema sanitario de recolección, transporte, tratamiento y eliminación o reutilización de excrementos humanos, así como la correspondiente promoción de la higiene.
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