Las organizaciones de la sociedad civil y diversas personalidades sociales manifestaron su preocupación por la reciente aprobación de la iniciativa de Ley General de Biodiversidad, promovida por la senadora Ninfa Salinas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien es además directiva de Grupo Salinas. Dicha aprobación se llevó a cabo de manera sorpresiva y sin la amplia consulta exigida por la sociedad, tal como lo mandatan los estándares de derechos humanos.
La iniciativa fue presentada originalmente para ser aprobada de forma expedita en el marco de la COP13 del Convenio sobre Diversidad Biológica en diciembre de 2016 en Cancún, sin embargo, dadas sus deficiencias fue frenada en aquel momento. El dictamen actual fue negociado sin una discusión abierta y aprobado en el Senado el 14 de diciembre con 89 votos, para ser enviado a la Cámara de Diputados.
La aprobación de la nueva propuesta de Ley se llevó a cabo sin la consulta de un sector amplio y representativo de la sociedad civil y sin el aporte de quienes se verán afectados por su aplicación, principalmente las comunidades y los pueblos indígenas. De esta manera se vulneran los derechos a la consulta previa y al consentimiento libre e informado establecidos en el Convenio 169 de la OIT.
Además de la forma en que fue aprobada, las organizaciones y personas firmantes también expresamos nuestra preocupación en torno a varios puntos críticos incluidos en la Ley propuesta, incluyendo:
- La escasa protección de los recursos genéticos y su mercantilización, que podría agudizar conflictos asociados al acceso y reparto de beneficios a comunidades locales o pueblos indígenas;
- La falta de claridad en materia de consulta y participación ciudadana, pues los espacios que se proponen en este sentido están mal diseñados y no cumplen la función de ser mecanismos reales de deliberación;
- Que en sus artículos transitorios se establecen excepciones que abren la posibilidad al uso comercial de mamíferos marinos;
- Además, no se establece la prohibición de actividades de alto impacto, como la minería y la generación eléctrica, en áreas naturales protegidas, con lo que la nueva Ley en lugar de proteger a la biodiversidad protege los intereses de sus proponentes.
Las organizaciones y personas firmantes exigimos que la propuesta, enviada en forma de minuta a la Cámara de Diputados, sea discutida en el marco de un proceso de Parlamento Abierto, práctica que la sociedad civil ha exigido reiteradamente al Congreso de la Unión en el marco del derecho humano a la participación ciudadana en la deliberación de asuntos de interés público.
Asimismo, que se garantice el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa y al consentimiento libre, previo e informado ante esta medida legislativa que tiene importantes implicaciones para los mismos.
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