Cabe mencionar que desde la Conferencia de las Partes de 2013 (COP19) efectuada en Varsovia, Polonia, los países integrantes de la Convención acordaron preparar documentos nacionales llamados Contribuciones Previstas Determinadas a Nivel Nacional (INDC, por su siglas en inglés) donde establecerían sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con el objetivo de lograr un acuerdo más eficaz en 2015 durante la cumbre de París, en donde México fue el primer país en desarrollo en presentar su propuesta (marzo 2015), titulada Compromisos de mitigación y adaptación ante el cambio climático para el periodo 2020-2030.
Pero el cálculo base de las emisiones considerado en los INDC de México utilizó una metodología distinta a la que se utilizaba anteriormente, basada en los inventarios de emisiones efectuados por el INECC. Con este cambio, el sector de Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSS) pasó de ser la tercera fuente de emisiones a ser un sector de absorción de emisiones.
El nuevo reconocimiento del sector USCUSS como “capturador” neto de emisiones está basado en cálculos poco claros de la reducción en la tasa de deforestación que ahora es reconocida por el gobierno federal en tan solo 91 mil hectáreas anuales para el periodo 2010-2010, y asume la continuidad en las tendencias por falta de información.
De esta manera queda en entre dicho el supuesto liderazgo ambiental que la Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT) fue a presumir a COP21 en París, en donde la realidad indica que México paso a ser un país con muy poca atención sobre sus avances ambientales, ello en caso de tener alguno, pues la realidad indica que los cambios de cifras en emisiones, energía renovable y forestales se manipularon para que el cierre del sexenio actual e hable de supuestos cumplimientos en la materia.
De esta manera se paso a considerar que México ya no es emisor por pérdida de coberturas forestales y cambios de uso de suelo tiene un doble filo para la política climática mexicana y sobre todo para el sector forestal. Por un lado, puede ayudar a traer nuevos recursos para apoyar a la restauración, cuidado y manejo de los bosques y selvas mexicanos, pero también puede llevar a un conformismo gubernamental y una validación de la actual política forestal que precisamente privilegia inadecuadamente la reforestación y los estímulos en favor del no-manejo del bosque por encima de la necesidad de las comunidades y ejidos de desarrollar actividades productivas para mantener los ecosistemas en buenas condiciones, mejorarlos genéticamente y fomentar la sustentabilidad de las economías locales.
Para lograr una mejor adaptación y mitigación al cambio climático en México no basta con cambios en la producción de energía, mejoras al transporte, más reforestación o nuevos decretos de áreas protegidas. Es necesario incorporar explícitamente y de forma clara el fortalecimiento de los derechos de las comunidades sobre sus territorios y medios de vida en los INDC.
Por otro lado, los INDC comprometidos por el gobierno mexicano en París son demasiado generales, no sirven como mapa y guía clara para favorecer la adaptación de las regiones forestales del país, que abarcan al cambio climático. La poca claridad de las acciones de mitigación y adaptación incluidas en los INDC en el ámbito forestal no permite verificar su coherencia con lo establecido en los distintos instrumentos de política ambiental y forestal vigentes como la Ley General de Cambio Climático (LGCC), la Estrategia Nacional de Cambio Climático o la Estrategia Nacional REDD+.
Por último, la revisión de los compromisos asumidos por el gobierno en París demuestra la necesidad una estrategia específica para el fortalecimiento de la agenda ambiental, climática, campesina y forestal para enfrentar de forma correcta los problemas del cambio climático. Esto implica no solo fortalecer a las instituciones gubernamentales relacionadas sino también fortalecer la participación de las organizaciones sociales y civiles en la definición, implementación y monitoreo de mejores políticas y programas gubernamentales.
Cerca de 1,600 millones de personas (más del 25% de la población mundial) dependen directamente de los recursos forestales como medio de vida, y cerca de 1,200 los utilizan directamente para obtener alimentos e ingresos, de acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); pero el problema de esta realidad es que el uso del bosque por parte de las autoridades no está siendo fomentando bajo estándares de sustentabilidad.
Al mismo tiempo, la pérdida de bosques, selvas y otros ecosistemas forestales es responsable del 11 por ciento de las emisiones globales que causan el efecto invernadero y el cambio climático, de acuerdo con datos de las Naciones Unidas. Esto fue informado por el Centro Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable (CCMSS).
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