La Relatora Especial de las Naciones Unidas dio a conocer que los defensores del medios ambiente corren graves riesgos en México ya que su último informe hace notar los riesgos extraordinarios que enfrentan las y los defensores de derechos de las comunidades locales, incluyendo los pueblos indígenas, minorías y personas que viven en condición de pobreza, al oponerse a mega-proyectos de desarrollo que impactan directamente sobre su vida o su territorio.
Siendo México, junto con Brasil, Camboya, Guatemala y Perú, los países donde mayor número de amenazas y ataques contra defensores y defensoras comunitarios se han registrado, según el propio informe. Una tercera parte de las agresiones documentadas por la Relatora Especial denunciaron un asesinato o tentativa de asesinato.
Aunado a ello, la Relatora Especial de las Naciones Unidas criticó el uso del sistema judicial para criminalizar a defensores y defensoras de derechos humanos que se oponen al desarrollo de mega-proyectos. Tal como ha sido documentado, en reiteradas ocasiones con detenidos y arrestados, incluso cuando su oposición se lleva a cabo en el ejercicio de derechos fundamentales.
Al respecto, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), junto con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, hicieron llegar a la Relatora Especial información relativa a la gravedad de los riesgos que este tipo de defensores de derechos humanos enfrenta en México.
Según los registros del CEMDA, en México se han documentado entre el 2009 y el 2012, más de 50 casos de agresiones en contra de defensores y defensoras de derechos ambientales, en 17 estados del país. La mayoría de casos está ligada a proyectos de desarrollo mineros (15) y forestales (12). Aunado a esto, se encuentran también casos relacionados con proyectos turísticos (3), inmobiliarios (2) de infraestructura vial (5) hidráulica (7), y energética (7).
Al respecto, las organizaciones condenaron que el Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación (Segob) no cuente con la capacidad necesaria para implementar medidas de protección de carácter colectivo que respondan a estas situaciones. La visión meramente policial frente a las medidas de protección ha llevado a que aquellas comunidades que en defensa de su territorio y los recursos naturales se opongan a la instalación de mega-proyectos queden en total desprotección.
La Relatora Especial incluyó en su informe una serie de recomendaciones a los Estados para asegurar que los mega-proyectos de desarrollo estos no tengan un impacto negativo en la vigencia de los derechos humanos, incluyendo la necesidad de llevar a cabo consultas libres, previas e informadas con todas las comunidades afectadas y respetando sus resultados. Asimismo, instó a los Estados a implementar de manera efectiva medidas adecuadas de protección para asegurar que las y los defensores de derechos humanos que se oponen a este tipo de proyectos puedan realizar su trabajo en un ambiente de seguridad.
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