La lucha ambiental es factor de alto riesgo y si bien el gobierno mexicano reconoce esta realidad, los actores encargados de remediar esta realidad tienen poca actividad en dicha labor y remediación de la violación de los derechos humanos de ambientalistas.
El informe Global Witness 2017 detalló que 200 defensores del medio ambiente y la tierra fueron asesinados a lo largo de todo el año 2016 en 24 países del mundo. Siendo América Latina la región que concentra el 60 % de las muertes. Además, la población más vulnerable a los asesinatos es la indígena porque 40 % de las víctimas provienen de los pueblos originarios.
Entre los países más afectados por las muertes de los defensores ambientales están honduras, Brasil, Colombia, Filipinas, India, Nicaragua, República Democrática del Congo, Bangladesh, Guatemala y México.
De acuerdo a instancias ciudadanas como la organización Abriendo Espacios para la Paz y Centro Agustín Pro Juárez, se detalló que México se ubica como el quinto país del mundo más peligroso para los ambientalistas y que las autoridades encargadas de la protección de los derechos humanos, así como el medio ambiente, no cumplen con su labor de protección de estos derechos básicos.
En México se estima serán unos 12 muertos por causa ambiental de 2010 al 2017 y le ubica entre los 10 países más violentos por los ambientalistas y si bien la Secretaría de Medio Ambiente federal (SEMARNAT) proclama que se tienen las leyes ambientales más avanzadas,su aplicación es nula y en este sexenio del 2012 al 2016 se tienen documentados 302 casos de violaciones a los derechos humanos de ambientalistas en el país.
Ello fue documentando en la publicación Defender la Vida, la cual, detalla que los defensores de la tierra en cuatro estados como es Chihuahua, Coahuila, Oaxaca yGuerrero, son de los sitios más afectados en sus bosques, agua y con presencia de minería.
Al respecto, Ben Lather, Encargado de Campañas de Derechos Humanos y Medio Ambiente del organismo internacional Global Witness dijo que un estudio de esta organización y de la ONU, señala que México es uno de los países más peligrososdel planeta para defender los ecosistemas que deriva en la muerte delas personas. “Se sabe que los asesinatos de estas personas es reflejo de la inacciónde las autoridades para proteger los ecosistemas”, lamentó.
Entre las tendencias internacionales indicó que va al alza los ataquesde defensores ambientales y en 2016 fueron 200 fallecidos en este sector en el planeta y en 2017 se estima será una cifra muy similar, ello en el mundo. Siendo la minería y la talailegal de bosques, de los dos factores más relacionados. Siendo encasi un 60% de indígenas los acribillado en defensa del ambiente.La lucha por los recursos naturales por las empresas hace que cada vez más comunidades estén afectadas. La impunidad reina en estos casos.
Entre las recomendaciones, que esta publicación enfatiza es que se debe atender la impunidad de quienes perpetran daños a los ecosistemas, biodiversidad y las personas; remediarla lentitud de los procesos legales de autoridades federales; hacer campaña nacional de reconocimiento de defensores ambientales; adoptar medidas específicas en protección de indígenas e instar a la participación pública en los proyectos del cuidado ambiental.
En el marco de diversos proyectos de conservación del medio ambiente y la biodiversidad de México en donde las cifras indican que se pierdenhasta 110 mil hectáreas forestales al año, que casi 10 millones depersonas no tiene acceso al aguapotable y que la biodiversidad seextingue, hacen urgente el frenar la intimidación y hasta muerte de ambientalistas por protestar contra empresas, caciques e instancias oficiales.
En México se padece de un grave problema de derechos humanos y cada año van al alza la muerte de defensores de la tierra. Siendo especialmente el caso de habitantes rurales, sin olvidar el proceso de criminalización y difamaciones que el Estado aplica sobre las personas para así deslegitimar sus acciones que pueden afectar intereses comerciales de empresas e instancias oficiales.
Actualmente las comunidades rurales de México y del mundo son excluidos en su toma de decisiones sobre la tierra y ello debe cambiar. Aunado a que laresponsabilidad de esta crisis tiene que cambiar, ya que losdefensores enfrentan a intereses muy poderosos que impide se apliquela ley en contubernio con la corrupción oficial.
Ricardo Cancela Neves, Oficial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) en México comentó a este reportero que se tieneque cambiar los discursos oficiales que no reflejan la realidad endefensa de los derechos humanos y ambientales. Detalló que en la ONUse estima que se tiene dos aspectos centrales a remediar como es el asesinato ytortura de integrantes de pueblos indígenas y población criolla que busca proteger los ecosistemas.
En 2012, la ONU se pronunció sobre la grave discriminación que existeen México, en donde se denunció o la falta de autonomía, acceso a lajusticia y libre decisión de las comunidades indígenas. Siendo los defensores de tierra indígena, el grupo más vulnerable en defensa desu integridad.
Sobre este tema el Centro Mexicano de Derecho ambiental (CEMDA) ha informado que en México el el mayor número de ataques a ambientalistas fueron en el Estado de México y Sonora, con 12 casos cada uno, y Oaxaca, con 6 casos. Es importante precisar que un ataque a personas defensoras de derechos humanos ambientales puede contemplar la comisión de diversas agresiones.
Las agresiones más recurrentes fueron las amenazas (24 %), seguidas de la intimidación con un 19 %, la criminalización en un 18 % y las agresiones físicas se presentaron en un 15 %. Otras agresiones registradas fueron el hostigamiento con 11 %, la difamación con 6 %, y la privación ilegal de la libertad, el desalojo forzoso, el allanamiento y el robo, en un 2 % cada uno.
De acuerdo con los datos obtenidos, el 43 % de las agresiones provinieron de autoridades del Estado mexicano de los distintos órdenes de gobierno; el 14 % fueron cometidas por particulares; el 7 % por parte del personal de las empresas; el 3 % por parte de la gente de la misma comunidad y el 2 % por grupos del crimen organizado. En el 31 % de los casos no fue posible identificar a los agresores.
Un caso federal sobre el fallo de protección ambiental y violación de los derechos humanos, es el que encabeza el titular de la SEMARNAT, Rafael Pacchiano Alamán, quien realizó un gasto millonario en el programa de rescate de la VaquitaMarina que no sobrepasa de 30 individuos de la especia y, cuyo programa de veda de pesca en el Golfo de California que ha sido un fracaso ya que los recursos económicos destinan a los pescadores que perdieron su modo de vida se maneja bajo la efigie de la corrupción.
Aunado a que en días pasados, el jefe de los pescadores de la zona que han protestado por ello, fue encarcelado y Pacchiano Alamán declaró que estas acciones impedirán se siga pescando de forma ilegal y así se protegerá a la vaquita marina.
Declaración que vertió antes de realizarse un análisis adecuado sobre la corrupción del uso de recursos a los pescadores y el funcionario federal sólo se dedicó a descalificar las protestas de los pescadores de esta región, ello bajo el argumento de proteger a este mamífero marino, que ONGs ambientalistas califican de inminente su extinción y que por seguir recibiendo dineros internacionales es que SEMARNAT sigue indicando que la salvará.
FRAGMENTACIÓN AMBIENTAL DE MÉXICO, GRAVE Y SIN ACCIONES
Gerardo Ceballos, investigador de la UNAM declaró a este reportero que es esencial el registrar avances en protección de especies, ya que se vive una grave crisis y que en los pasados 100 años las especies que se extinguieron debían haber vivido en el planeta por otros 10 mil años.
En México, de acuerdo a datos de diversas universidades indican que una de cada 4 especies puede extinguirse por causa del hombre en 30 años; y que en la última década aumentaron en 27.7% las especies en peligro de extinción en el territorio, así como que al año se pierden por deforestación, cambio de uso de suelo poco más de 600 mil hectáreas de manglares, bosques y selvas.
También pide que el país, actúe para frenar la deforestación y que SEMARNAT por fin establezca trabajos en línea con la Secretaría de Agricultura (SAGARPA), para cuidar los ecosistemas, ya que en la actualidad nunca se han coordinado para frenar la pérdida de suelos.
Rodolfo Dirzo, catedrático de la Universidad de Stanford, declaró a este reportero que México debe aceptar que hoy se siguen perdiendo diversas zonas naturales y el problema crucial es actuar para detener la pérdida biodiversa, así como que los sectores políticos en muchas ocasiones han ignorado los concejos de la ciencia y actuar al respecto.
MUJERES, VIOLENTADAS Y DIFAMADAS POR CUIDAR LA NATURALEZA
Emily de Wolf, representante del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, indicó que en el caso de las mujeres defensoras de latierra es una realidad muy cruda en el país. Siendo un sector poblacional que sufre de riesgos diferenciados como son las amenazas de violación, daños a la familia y difamación personal.
Siendo más grave en el estado de Oaxaca que aglomera al 58% de losataques a mujeres del país que protegen a los ecosistemas y, laspropias autoridades en buena parte de estos hechos son los propiosacusadores de las féminas.
Cabe mencionar que diversas organizaciones civiles así como la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la de Relaciones Exteriores (SER), crearon un Grupo Focal para atender el tema de la protección de los derechos humanos y el medio ambiente, pero las ONGs, declararon que al paso de los años de integrar este organismo y crear un programa de atención, nunca se tomó en consideración sus recomendaciones.
GRAVES ATRASOS EN PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Entre 2015 y 2016 los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) registraron 16 821 violaciones relacionadas con el derecho a no sufrir tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, transgrediendo el Artículo 5° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
Durante 2016 los OPDH emitieron 1 774 recomendaciones dirigidas a las autoridades responsables de violar los derechos humanos. Al 31 de diciembre de ese año, 24.3% habían sido cumplidas en su totalidad, 29.1% atendidas parcialmente, 31.8% aceptadas, pero sin contar con pruebas de cumplimiento, 10.7% fueron rechazadas, y 4.1% estaban pendientes de respuesta.
Las mujeres representan más de la mitad de las víctimas de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos (79.0%), al derecho a la educación y derechos culturales (58.5%) y a los derechos laborales y a la seguridad social (50.4%).
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los OPDH de Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, San Luis Potosí y Puebla, son los que más hechos violatorios registran; situación que fue similar en 2015, con excepción de San Luis Potosí, que se ubica entre los cinco primeros, por encima de Tabasco.
La tasa de violaciones hechas del conocimiento de los OPDH por cada 100 mil habitantes, muestra la extensión del problema al relacionar la cantidad de hechos violatorios con respecto a la población susceptible de sufrirlas: a nivel nacional en 2016 por cada cien mil habitantes se presentaron 125.5 violaciones de derechos humanos, mientras que en 2015 alcanzó un valor de 135.3.
CASOS ESPECÍFICOS DE ATAQUES AMBIENTALES Y PERSONALES
En casos específicos de los problemas ambientales en México, en elestado sureño de Oaxaca, se padece de una falta de reconocer ydialogar con el gobierno estatal y delegaciones federales que les hacatalogado como personas antidesarrollo, más cuando este, uno de los territorios más biodiversos del país ha pasado a ser disputado porempresas y proyectos económicos así como del crimen organizado que seha apoderado de tierras fértiles.
Un casoejemplar es las comunidades de Río Verdede dicha entidad que llevan 10 años luchando paraque se establezca un programa real y sustentable de la zona y que las empresas involucradas como el gobierno no han entablado un diálogoreal para instalación de una presa y de distribución adecuada del agua, como de instaurar desarrollo social en la zona.
En el estado fronterizo en el norte, Chihuahua, se padece por la pérdida forestal en la Sierra Tarahumara en cuyas comunidadesindígenas que desde hace tiempo padecen por defender sus bosques y, se ha denunciado al gobierno que no protege estos ecosistemas. Aunado a que las denuncias locales indican que la SEMARNAT ha dado permisos de tala a caciques regionales para derribar los bosques locales.
Mientras que en el estado norteño de Coahuila, informó la Organización Familia Pasta de Conchos, se ha realizado un proyecto de mujeres en defensa de suterritorio e impedir la mayor presencia de minería ilegal. Que hanactuado bajo la protección del grupo del narcotráfico los Z, que son los encargados de esta minería. Situación que viene presentándose desde 2009 y que repercutió en la demolición ilegal de casas en esta región carbonífera. Pero se comprobó que este grupo del narcotráficoestaba en contubernio con el regidor local del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Autoridad que no fuedetenido por el gobernador que le protegió pese a esta situación.
SEMARNAT, VIOLADORA DE DERECHOS AMBIENTALES
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a las autoridades federales y al municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, debido a la remoción de un manglar para la realización del “Malecón Cancún” (Proyecto Tajamar).
En un comunicado, el organismo aseveró que el desmonte y despalme de la vegetación de humedal, sin plena observancia de la legislación ambiental, incurrió en actos y omisiones que “violentaron los derechos humanos, a la seguridad jurídica y al principio de legalidad”.
La CNDH, explica el comunicado, “detectó irregularidades relacionadas con la aprobación de modificaciones y prórrogas de las autorizaciones en materias de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).”
Además, esta misma dependencia otorgó permisos de chapeo y desmonte en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en favor del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
La omisión de medidas eficaces para garantizar el desarrollo sostenible y la resiliencia, el combate a los efectos del cambio climático, la detención e inversión de la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica, son para la CNDH, la demostración de que existió una indebida fundamentación y motivación en las autorizaciones emitidas.
Por su parte, añadió el organismo, el municipio de Benito Juárez y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no verificaron debidamente el cumplimiento de la legislación ambiental y de las autorizaciones otorgadas.
Ante todas estas “violaciones”, la Comisión “recomienda a la Semarnat y al municipio de Benito Juárez diseñar e implementar un Programa Integral de Conservación y Restauración Ecológica, con participación de sociedad civil y al Fonatur, para suprimir las prácticas administrativas que facilitan el otorgamiento de autorizaciones de obras o actividades que afecten o dañen los manglares, y desarrollar medidas de protección a esas áreas”.
Además, la Profepa y el gobierno de Benito Juárez “tendrán que incrementar la inspección y verificación en materias de impacto ambiental, cambio de uso de suelo y vida silvestre, en terrenos con vegetación de humedal, y en especial con presencia de manglares, en dicha entidad, e iniciar procedimientos para determinar la responsabilidad administrativa a que haya lugar, hacerlos del conocimiento de la autoridad competente y darles seguimiento hasta su conclusión”.
La Semarnat, añade el comunicado, deberá rastrear e identificar resoluciones que aprueben o prorroguen autorizaciones de impacto ambiental, y de haber sido otorgadas sin acatar la normatividad vigente, deberán promover juicios de lesividad; asimismo, deberá garantizar que sus unidades administrativas soliciten opinión o dictamen técnico en materia de vida silvestre; y desarrollar criterios técnicos actualizados y estandarizados de evaluación y otorgamiento de autorizaciones.
“Todas las autoridades mencionadas deberán colaborar con la CNDH en la presentación de la queja administrativa que presente ante la instancia correspondiente por las irregularidades señaladas; incorporar copia de esta Recomendación en los expedientes de los servidores públicos involucrados y capacitar a su personal en derechos humanos y debida diligencia.”, concluyó el organismo.
El pasado 23 de junio, el Tribunal Colegiado de Circuito falló a favor de la protección y restitución del manglar en Tajamar, en Quintana Roo, ante la defensa del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para llevar a cabo el anteproyecto Malecón Cancún.
El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito determinó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se debe abstener de ejecutar la autorización de impacto ambiental otorgada al Fonatur.
Además de restaurar las zonas de mangle afectadas, la Semarnat tampoco podrá emitir una nueva autorización a Fonatur para dicho proyecto.
Organizaciones ambientalistas como Salvemos Tajamar, Grupo Ecologista del Mayab, Centro para la diversidad Biológica, Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Greenpeace México celebraron la decisión, puesto que representa una conquista de la sociedad civil para la protección al derecho humano al medio ambiente sano.
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