De acuerdo a la organización ambientalista Greenpeace, a casi tres años de haber asumido su cargo como presidente de la República, Enrique Peña Nieto ha conseguido “Mover a México” hacia el deterioro ambiental y social por favorecer al sector privado. En lo que va del sexenio se ha legalizado la destrucción ambiental al impulsar un modelo de agricultura industrial; se ha vulnerado el derecho humano de acceso al agua, al darle al recurso hídrico un enfoque privatizador. De igual forma, la vulnerabilidad para las especies en peligro de extinción es evidente y para muestra están las medidas de protección para la vaquita marina, que no se aplican con eficacia.
Mientras que la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH) se presentó como solución a la carencia alimentaria pero en realidad ha servido para favorecer a las empresas de alimentos, que ahora distribuyen sus productos en las zonas más desfavorecidas e impulsando un modelo de alimentación que se basa en la agricultura industrial, en lugar de promover la producción y consumo de alimentos sanos. En 2012, la carencia alimentaria era de 27.4 millones de personas, para 2014 la cantidad había incrementado a 28 millones, según cifras del CONEVAL.
Sandra Laso, vocera de la campaña Comida Sana, Tierra Sana de Greenpeace México, dijo que “la agricultura industrial únicamente satisface los intereses de grandes empresas de alimentos procesados que se benefician de recursos de programas federales como la CNCH sin lograr reducir la pobreza alimentaria en el país afectando a campesinos, la salud de las personas y contaminando el agua y los suelos”.
El sector agrícola, principal productor de alimentos para millones de mexicanos, ha enfrentado un recorte de casi 20% a los apoyos al campo, a los programas de productividad y competitividad agroalimentaria, así como de desarrollo rural. El gobierno federal se ha denominado “aliado de los campesinos” pero hasta la fecha su postura hacia la siembra de maíz transgénico en el país no está considerando los argumentos presentados por las organizaciones, científicos, campesinos y personas en busca de alimentos sanos y de calidad para todos los mexicanos.
Derecho al agua
En 2012 se incluyó el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (DHAS) en el artículo 4° Constitucional, pero no se han tomado medidas para cumplirlo. Este año se intentó promulgar la “Ley General de Aguas (Ley Korenfeld)” con un enfoque privatizador, sin contar con el punto de vista de la sociedad civil y la comunidad científica. Se ignoró por completo la propuesta de Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, la cual contaba con el aval de amplios sectores de la sociedad. La misma Conagua ha reconocido que en México más del 70 % de los ríos del país presentan algún grado de contaminación.
Vaquita marina, al borde de la extinción
Pese a que el tema de la Vaquita marina fue mencionada en el Tercer Informe de Peña Nieto, este organismo destacó que las medidas anunciadas por el titular de la Federación, este mamífero marino es protegido en la realidad. Continúa la pesca ilegal de totoaba en aguas del Alto Golfo de California y en esas redes clandestinas mueren atrapadas las vaquitas marinas. Sólo quedan cerca de 57 vaquitas marinas, si el acuerdo no se implementa de forma urgente, la vaquita marina se extinguirá en 2018.
La protección del refugio de la vaquita es mínima, Greenpeace exhibió el absurdo que es proteger una zona de 13 mil kilómetros cuadrados sólo con dos funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Sobre los retos ambientales mexicanos, se indicó que Rafael Pacchiano, nuevo titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se comprometió a dar continuidad a todos los programas que conforman el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, entre los que destaca el combate al cambio climático, la conservación de bosques y selvas y la gestión de residuos, entre otros.
Sin embargo, 15% del territorio mexicano, 68 por ciento de la población y 71 por ciento del PIB siguen en riesgo por la extrema vulnerabilidad del país ante los impactos del cambio climático. La política de estado debe orientarse a la prevención y adaptabilidad, no es suficiente aumentar los recursos del Fonden, es necesario invertir en la prevención y esto implica analizar antes de depredar. La reforma energética que se aprobó el año pasado dejó fuera a las energías renovables y amenaza con incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero que incrementan la temperatura del planeta y generan más cambio climático.
México debe detener la deforestación acelerada que afecta a todo el país, seguimos perdiendo cerca de medio millón de hectáreas de bosques y selvas. La reforestación no frena la pérdida de masa forestal y también aumenta el calentamiento del planeta.
La gestión de residuos en el país es poco clara, por ejemplo, México generó 1 millón de toneladas de residuos electrónicos tan sólo en 2014, de acuerdo con la ONU; y adicional a ello, el país desechará este año 40 millones de televisiones con el Apagón analógico, a pesar de que sólo existen dos estados del país centros de acopio temporal para estos residuos, los otros 30 estados carecen de información sobre a dónde llevarán sus televisiones.
Finalmente, los Costos Totales por Agotamiento y Degradación en México fueron por $909 mil 968 millones, esto es 5.7% del Producto Interno Bruto. En tanto, los Gastos en Protección Ambiental fueron por $148 mil 699 millones, es decir que existe un Déficit ambiental de $761 mil 269 millones de pesos. Esto significa que el esfuerzo económico registrado a favor del medio ambiente durante el año 2013 fue 5.1 veces menor que el daño ocasionado, de acuerdo con datos del INEGI.
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