En conferencia de prensa se dio a conocer que los consultores que participan en la gestión de la evaluación ambiental para proyectos de inversión, tanto públicos como privados, contarán con una asociación que los represente como voz, sistematice la información, dé opiniones independientes y contribuya a la profesionalización del sector, y se unen para conformar la Academia Mexicana de Impacto Ambiental (AMIA).

Este organismo surge ante la necesidad de consolidar y elevar la calidad del servicio de gestión de la evaluación del impacto ambiental, favorecer el desarrollo profesional de los consultores y participar con otros colegios de profesionales en la atención de problemas y asuntos de interés en materia de impacto ambiental en México.

Reconociendo que la evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento de política ambiental por excelencia, cuyo propósito es mitigar o disminuir los efectos adversos de obras o actividades sobre el ambiente, la AMIA buscará fungir como órgano de consulta de las autoridades ambientales y servir de interlocutor público en términos de políticas, planes y programas, así como en lo relativo a las necesidades de actualización, perfeccionamiento del marco jurídico y normativo de la EIA.

“Buscamos trabajar en conjunto, de manera organizada, para solventar las limitaciones que enfrentamos, por ejemplo, la carencia de información técnica. Queremos que el gremio tenga un área de soporte a sus trabajos cotidianos”, explicó el biólogo Ricardo Juárez, presidente de la AMIA.

Se estima que hay más de 500 consultores en México, aunque no existe un censo oficial, por eso la AMIA pretende llevara cabo dicho censo. Cabe señalar que con la modificación del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del año 2000, se dio una caída impresionante de la calidad de los estudios de  EIA, debido a que cualquier persona, con experiencia o sin ella, podía llevarlos a cabo. “Hoy, buscamos fortalecer a los consultores con capacidad para llevar a cabo estos procesos”, explicó.

“Trabajaremos codo con codo con los tres órdenes de gobierno para proponer nuevos lineamientos de normas oficiales mexicanas en materia de impacto ambiental, emitiríamos una opinión sólida e imparcial en proyectos que tienen conflicto social y requieren una opinión arbitrada cuando así se nos requiera. Estas son dos vertientes muy importantes del trabajo que haremos”, explicó Salvador Muñúzuri, vicepresidente de la Academia.

Actualmente, en México se evalúan alrededor de 3,500 proyectos al año con un esquema que está rebasado y es limitado, y se informó que el modelo de evaluación estratégica evalúa políticas de forma integral, antes que proyectos en particular. Con este modelo se contempla la regulación de proyectos y obras concretas que se desprendan de las políticas y se evalúan todos los impactos, más allá del proyecto en sí mismo y su espacio físico y temporal.

“Este modelo simplificaría muchos procedimientos y acabaría con conflictos que hoy son comunes en algunos proyectos. Un ejemplo son los desarrollos de energía eólica. Hoy se proponen desarrollos de forma dispersa, sin un plan general que identifique las áreas adecuadas para instalarlos, donde hay menos riesgo para aves, dónde es menor el costo para interconexión, cómo y dónde se puede reducir el conflicto social. Con un plan de evaluación estratégico y un proyecto central de desarrollo de este tipo de energías se reducirían estos problema”, dijo.

Este tipo de evaluación funciona ya en Holanda, Noruega y países de Centroamérica como Guatemala y Panamá. Entre sus próximas actividades, la AMIA celebrará el primer simposio nacional en materia de impacto ambiental, en el segundo semestre del 2014. Este foro es fundamental, pues luego de más de 30 años aplicando esta evaluación en el país, nunca se ha hecho un foro al respecto.