Con el propósito de regular la explotación, uso, distribución y control del vital líquido, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la Cámara de Diputados presentó su propuesta de Ley General de Aguas.
Lo anterior, para revertir la situación que viven 20 millones de mexicanos que no cuentan con acceso al agua potable y construir un plan de futuro que frene la contaminación de ríos, lagos y mares.
A través de una iniciativa, el coordinador de los diputados aliancistas, Luis Alfredo Valles Mendoza, aseguró que la falta de acceso al agua es una de las principales causas de desigualdad en México, la cual propicia conflictos que ponen en riesgo la estabilidad social, económica y política del país.
“Los recursos hídricos juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo”, señaló.
Además, con esta iniciativa, la Bancada Turquesa busca fortalecer la participación de los tres órdenes de gobierno para que, en conjunto con la ciudadanía, se garantice el derecho humano al agua, sin discriminación y con equidad.
“Solo así se podrán contrarrestar los graves problemas de disponibilidad, desperdicio y contaminación del agua que padecen a diario millones de mexicanas y mexicanos. Debemos frenar el deterioro de los mantos acuíferos, pensando siempre en un escenario de sustentabilidad para las futuras generaciones”, agregó Valles Mendoza.
Dijo que el manejo adecuado del agua es considerado un asunto de Seguridad Nacional, por lo que este proyecto de Ley otorga las herramientas legales necesarias para alcanzar la soberanía y sustentabilidad de nuestro país.
En este sentido, explicó, su propuesta pretende impulsar una gestión eficiente del recurso, mediante una Estrategia Nacional Transexenal derivada del Programa Nacional Hídrico, que brinde la posibilidad de definir acciones de mediano y largo plazo.
Establece, además, la participación de los tres niveles de gobierno y de la ciudadanía, a quien otorga el 50% de los espacios en los Consejos de Cogestión de Cuencas, e incluye a representantes de pueblos indígenas, a quienes reconoce sus derechos en la gestión de recursos.
Propone, también una Contraloría Social del Agua, conformada por ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, quienes serán los encargados de monitorear el desempeño de las autoridades en la gestión de los recursos hídricos del país.
Asimismo, se propone establecer tarifas escalonadas para el cobro del recurso, hacer cálculos diferenciados por niveles, y aplicar subsidios para las zonas con mayor grado de marginación.
Finalmente, Valles Mendoza recordó que Nueva Alianza, ha pugnado por la participación ciudadana, por lo que su propuesta recoge percepciones y experiencias compartidas durante encuentros y talleres con autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y especialistas en el tema
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