De acuerdo a la organización ambientalista Greenpeace, haciendo un parangón de la frase oficial de «lo bueno casi no se cuenta, pero cuentan mucho», que es el slogan del cuarto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto que trata de desacreditar por adelantado las opiniones distintas al elogio del desempeño de la administración federal.
En este caso, en el tema ambiental que recae en la Secretaría de Medio Ambiente federal (Semarnat) ¿qué hay de bueno que contar?. Los hechos hablan por sí solos: México enfrenta graves rezagos y pendientes en materia política, social, económica y ambiental, este último rubro tiene una larga lista de focos rojos que sobrepasa las «cosas buenas» que el gobierno y Semarnat presumen.
En el tema de Biodiversidad se puede citar que en diciembre próximo, México será sede de la treceava Conferencia de las Partes de la Convención de la Diversidad Biológica de la ONU, en donde no solo los mexicanos, sino el mundo, quieren ver a un gobierno coherente con la conservación de la biodiversidad, un reto que se ve difícil de sortear para la actual administración.
México es uno de los cinco países megadiversos en el mundo y hoy enfrenta la amenaza de la extinción del mamífero marino más pequeño del planeta: la vaquita marina. Este cetáceo, endémico de nuestro país, está en riesgo porque queda atrapado en las redes agalleras que se usan en la pesca de totoaba, un pez también en peligro de extinción, que se vende en el mercado chino a miles de dólares.
La Semarnat se comprometió a la ampliación del polígono del Área Natural Protegida en la que habita esta especie; suspendió por dos años (hasta 2017) la pesca de camarón y escama con redes que pudieran afectar a la vaquita marina así como a apoyar el desarrollo de nuevas artes de pesca más sustentables; la elaboración de estudios que den mayor certeza de la población total de vaquitas marinas y anunció mayor vigilancia en la zona. En el discurso parece una de las cosas buenas de la actual administración, pero la prohibición de pesca quitó a la comunidad su principal fuente de ingresos y los dejó sin alternativas laborales. El aumento de la vigilancia en la zona a la que se comprometió la Presidencia de la República no pudo evitar que en marzo pasado murieran 3 vaquitas.
La expedición del Ocean Starr durante diciembre de 2015 nos dio la oportunidad de conocer con mayor certeza el número de ejemplares de vaquitas marinas que aún nos quedan: menos de 59. Las perspectivas de este estudio señalan que de mantenerse las condiciones actuales, la Vaquita podría estar extinta para 2022, pero si se mantiene la tasa de mortalidad actual podría ocurrir en 2018.
En seguridad alimentaria se detalló que por segundo año consecutivo, se disminuyó el presupuesto destinado a agricultura y alimentación. El primer recorte ocurrió en febrero por 3 mil millones de pesos y el más reciente en junio con una disminución de 4 mil 205 millones del presupuesto de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa), lo que desmiente que el impulso al campo sea una de las prioridades del gobierno.
El informe de gobierno señala que en el primer semestre de 2016 se ejercieron 1,473.7 millones de pesos para el Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF), 90% de estos recursos fueron destinados directamente a los beneficiarios, a través de la entrega de paquetes tecnológicos de maíz y frijol, lo que permite incrementar la producción hasta en 100% en parcelas de alrededor de 636 mil hectáreas de 23 estados.
Lo anterior, lejos de ser «una cosa buena» para los y las productoras, les resta la posibilidad de decidir cómo sembrar en sus propias tierras, pues lo que no se dice en el documento presidencial es que esos paquetes tecnológicos, generalmente, se componen de semillas, fertilizantes y plaguicidas tóxicos, que afectan el agua, el suelo y la salud de las personas, beneficiando solo los bolsillos de las empresas que los producen.
Con ello queda evidenciado que las políticas gubernamentales siguen incentivando un modelo de agricultura industrial que pone en riesgo los recursos naturales con el uso excesivo y no regulado de agrotóxicos (el catálogo oficial de plaguicidas no ha sido actualizado en más de una década) e impacta los medios de vida de las y los campesinos en el país, ignorando todas las recomendaciones de instancias como la FAO, la OMS y de comunidades campesinas, así como científicas, que exigen una mayor voluntad política para garantizar una transición hacia modelos de producción ecológicos, diversos y campesinos, libres de transgénicos y agrotóxicos.
En el tema de calidad del aire y movilidad, desde 2011, la Federación ha invertido el 74% del dinero público en infraestructura vial, ignorando a los usuarios del transporte público, ciclistas y peatones, que son los modos de movilidad más usados, los menos contaminantes y los más sustentables en el largo plazo. El gobierno no ha roto con esta tendencia absurda en la que se insiste en aportar recursos para infraestructura vehicular que incentivan el uso del auto particular, induciendo mayor tráfico y mayor contaminación del aire.
Para muestra un botón: se destinaron 38 mil millones de pesos para la construcción del tren México-Toluca, que si bien busca reducir los viajes en auto, las emisiones y la congestión; a la par se hace el levantamiento de un segundo piso en el tramo Lerma-Marquesa de la misma autopista que induciría más tráfico vehicular y disminuiría el uso del tren como medio de transporte masivo.
El gobierno federal tiene grandes tareas pendientes en materia de calidad de aire: ha sido omiso en el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 156 que obliga a monitorear la calidad del aire en todas las ciudades mexicanas con más de 500 mil habitantes. Tampoco ha cumplido con la NOM 086 que establece que todo el país contaría con un diesel Ultra Bajo Azufre (UBA) desde septiembre de 2009. Actualmente solo la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y la región fronteriza ofrecen diesel menos contaminante, esta situación hace que la NOM 044 que establece que la tecnología de los camiones de carga sea mejor y menos contaminante, no se pueda cumplir por el desabasto de diesel UBA.
Dado que la emisión de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático proviene en un 22% del sector transporte, es claro que no cumpliremos con la reducción de gases a la que nos hemos comprometido sin transformar nuestras prioridades presupuestales. Es imperativo invertir en una movilidad sustentable para lograr reducir la emisión de gases contaminantes.
En relación al agua, en los pasados cuatro años desde que se incluyó el derecho humano al agua en la Constitución mexicana, mismo tiempo en el que la elaboración y expedición de una ley general que garantice el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, así como para definir las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos ha sido retrasada por el gobierno federal y el Congreso.
Para el gobierno de Peña Nieto, contar con un Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) está minimizado, pese a que se trata de una herramienta básica en materia de derecho al acceso a la información y transparencia, ya que permite conocer las emisiones contaminantes de la industria.
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