De acuerdo a diversas organizaciones civiles y líderes de comunidades y organizaciones forestales de Oaxaca, Michoacán, Chihuahua, Guerrero, Veracruz y Quintana Roo, cada vez es más complicado obtener permisos y facilidades por parte de la Federación para hacer un buen manejo legal de sus bosques.
Francisco Chapela, asesor de Estudios Rurales y Asesoría, dijo que “la abierta disposición para hacer un manejo sostenible de los bosques y selvas del país por parte de comunidades, ejidos y pequeños propietarios, se ha visto hasta ahora obstaculizada en muchos casos por falta de financiamiento, trámites burocráticos y excesivamente complejos, tiempos y requisitos adecuados a las condiciones de cada región forestal, así como a la carencia de asistencia técnica actualizada, entre muchos otros problemas, que han puesto en entredicho la permanencia misma de la vegetación forestal”.
En comunicado de prensa, se señaló que los dueños de los bosques, productores forestales y proveedores de oxígeno, agua potable y otros servicios que proveen al país, hacen un llamado urgente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a participar en mesas de trabajo y rescatar juntos el manejo comunitario de bosques, ya que su excesivo burocratismo y falta de trabajo entre dichos organismos ambientales se refleja en la parálisis del sector forestal.
La propuesta de trabajo que la sociedad organizada, se informó debe sustentarse en tres ejes fundamentales:
1.- Desarrollo y fomento de métodos silvícolas adaptados a condiciones locales (climáticas, de especies y de superficie) para mejorar el manejo y productividad local, que es fundamental para el aprovechamiento sostenible del potencial productivo de las áreas forestales del país, considerando su gran diversidad ecológica, social y cultural, y sin poner en riesgo la integridad de los ecosistemas forestales.
2.- Fortalecimiento de las Empresas Sociales Forestales, con la finalidad de conseguir una estructura que permita un funcionamiento eficaz. Para conseguirlo, las Empresas Sociales Forestales deben pasar por un proceso de rediseño, en el que se implemente un programa operativo (aprobado por la Asamblea, en el caso de comunidades indígenas o ejidos) basado en la supervisión de entidades de administración internos que guíen y monitoreen el cumplimiento de los objetivos económicos.
3.- Mejora del diseño de las instituciones de gobierno, construyendo una relación de colaboración con los dueños de terrenos forestales en un marco de transparencia, participación social y acceso a la información pública, y re-enfocando las competencias de las instituciones gubernamentales.
Por su parte, Miguel Ramírez, representante de Capulalpam de Méndez, Oaxaca, aseguró que el Estado está dejando a las comunidades forestales en una situación de vulnerabilidad económica, social y ambiental, y que “Hay un exceso de trámites burocráticos, los permisos para el aprovechamiento sustentable de los recursos maderables y la entrega de la documentación se tardan demasiado, con esto nos están negando el derecho a poder vivir digna y legalmente de nuestros bosques”.
Se detalló que la Conafor debe actuar como agencia verdaderamente promotora del desarrollo sostenible en las regiones forestales -en lugar de ser una dispersora de subsidios paliativos-; la Semarnat debe constituirse en la principal agencia normativa -en contraste con el papel obstaculizador del uso y aprovechamiento sostenible que ha tenido hasta ahora-; y la Profepa debe servir como la principal agencia promotora del cumplimiento de las normas, con un enfoque principalmente preventivo, y no punitivo.
Estamos preocupados por el abandono y la tendencia negativa en que se encuentra el sector: la producción forestal ha registrado una reducción dramática desde el año 2000, cuando alcanzó su máximo histórico de 9.43 millones de metros cúbicos (m3) de madera en rollo y comenzó́ a decrecer hasta llegar a 5.5 millones en el año 2011, tendencia que se mantiene hasta la fecha. Así, el sector depende de las importaciones, puesto que la producción nacional sólo alcanza a satisfacer el 33 por ciento del consumo aparente de productos forestales de México.
Desde el año 2000, el sector forestal de México presenta tendencias negativas a pesar de que el presupuesto gubernamental destinado al sector ha incrementado sustancialmente desde la creación de la Conafor, ha alcanzado un monto mayor a los 7 mil millones de pesos en los últimos años, sin embargo, la producción forestal sostenible no ha incrementado, los logros en materia de recuperación de cobertura forestal son dispersos y no existe una evaluación independiente que demuestre el impacto directo en el alcance de objetivos de la inversión pública en el sector forestal mediante los programas que opera esta Comisión, más allá de las declaraciones de sus funcionarios, y por el contrario, la producción legal se mantiene a la baja, las importaciones aumentan y la deforestación se mantiene.
La Conafor asegura que la tasa de deforestación ha decrecido (la última estimación sería de 155 mil
hectáreas al año), pero a pesar de ello en diversos estados hay claros indicios de que este problema no ha disminuido -o incluso se ha agravado-, en particular a consecuencia de otras actividades económicas como la agricultura industrial (aguacate en Michoacán, agave en Jalisco y otros estados, caña de azúcar en Quintana Roo), la ganadería extensiva y el desarrollo urbano; y de ahí la importancia de crear un frente común en defensa de la silvicultura comunitaria, los bosques y la propiedad social.
En México, la mayor parte las autorizaciones de aprovechamiento forestal son solicitadas y ejercidas por ejidos, comunidades agrarias o pequeños propietarios. En este contexto, la recesión y eventual colapso económico del sector forestal, representa la pérdida del empleo e ingresos de muchos miles de familias y puede dejar vastas áreas forestales a merced de la ganadería extensiva y de taladores clandestinos.
Adicionalmente, la reforma al artículo 27 constitucional ha promovido la fragmentación de los territorios de propiedad social, promoviendo la privatización y titulación individual, la fragmentación en el tejido social y minando la toma de decisiones conjuntas, catalizando así la especulación sobre tierras ejidales y comunales y constituyendo una nueva amenaza a los bosques remanentes en esos terrenos.
El manejo forestal comunitario en México es una estrategia efectiva para mantener los bosques en pie, sanos y proveyendo tanto de bienes e insumos para dueños y habitantes de las regiones forestales, como de importantes servicios ambientales para la población entera del país. También está claro que el impulso y el fortalecimiento del manejo forestal cataliza y apuntala el desarrollo económico y social, fortaleciendo la gobernanza de los territorios forestales y la paz social.
Finalmente, Paloma Neumann campañista de bosques de Greenpeace, dijo que “estamos viviendo un absurdo: los bosques se pierden, tenemos más presupuesto y la solución frente a nuestros ojos, pero el gobierno federal se distrae con espejitos de modelos ajenos. Exigimos un verdadero compromiso, fuerte y claro, por parte de las autoridades con respecto a los dueños legítimos de los ecosistemas forestales en México, una revisión crítica de la dirección de la actual política forestal, y la adecuación de la inversión y los programas en concordancia con las necesidades identificadas por las comunidades, ejidos y pequeños propietarios de los bosques para conseguir un manejo forestal sostenible fuerte y permanente en México”.
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