Al presentar su análisis sobre la legislación secundaria de la reforma energética, la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF) advirtió que las propuestas aprobadas atentan contra la población y el medio ambiente, razón por la cual deben ser modificadas.
Entre las consideraciones que hace la Alianza destaca que se mantiene el despojo de tierras a favor de la explotación de hidrocarburos y permite el fracking, cuando las tasas de declinación de la productividad de los pozos explotados mediante esta técnica pueden alcanzar entre 81 y 90% en sólo dos años de operación. Esto significa que los pozos serán abandonados en el corto plazo y que, para mantener la producción, las empresas tendrán que moverse de una zona a otra para perforar nuevos yacimientos.
En este sentido, la Ley de Hidrocarburos al establecer que la exploración y extracción de estos recursos tendrán prioridad sobre cualquier otro uso del territorio, dejará en la indefensión a los dueños de los terrenos, pues el Estado podrá obligarlos a rentar sus tierras a las empresas petroleras bajo las figuras conocidas como servidumbre legal, ocupación y afectación superficial.
“Estas figuras son altamente convenientes para las empresas de fracking, puesto que podrán ofrecerles contratos a corto plazo y no la adquisición permanente de los terrenos. A los pocos años, los propietarios recibirán de regreso sus tierras pero contaminadas e inservibles para el desarrollo de otras actividades” destacó Francisco Cravioto de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Además, la ley de la Industria Eléctrica es un retroceso porque promueve que la fracturación hidráulica, la energía nuclear y las grandes hidroeléctricas sean consideradas “energías limpias”. Esto convendría a los intereses empresariales pero iría en contra de la población y el medio ambiente del país.
No es posible que el fracking sea incluido en esta categoría debido a su elevado consumo de agua y energía; las altas emisiones de gases causantes del cambio climático que genera y las enormes cantidades de agua residual que produce, misma que contiene químicos, metales pesados e, incluso, materiales radioactivos imposibles de tratar. Tampoco la energía nuclear se puede considerar una fuente “limpia” porque la peligrosidad de los residuos radiactivos permanece durante miles de años y su gestión, tratamiento y disposición final son temas sin resolver.
Por otro lado, “es lamentable que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos se convierta en juez y parte en la regulación, sanción, evaluación y autorización ambientales en cualquier acción de la cadena productiva de los hidrocarburos. Esto sin lugar a dudas debilita la política ambiental y parece una vía para acelerar la entrega de autorizaciones ambientales a los proyectos de hidrocarburos”, mencionó Claudia Campero de Food & Water Watch y de Blue Planet Project.
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