El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C (CEMDA) considera que, a cuatro años de gestión del presidente Enrique Peña Nieto, se han dado algunos avances en la defensa y conservación del medio ambiente. Sin embargo, existen temas fundamentales en los que México continúa enfrentando serios retos, los cuales están impactando negativamente sobre los ecosistemas.
En los temas que atañen a la agenda ambiental, destaca, en materia de calidad del aire, la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, aprobada el pasado 9 de agosto, que se refiere a la calidad de los combustibles. Dicha norma establece parámetros adecuados que permitirán reducir los impactos en salud y el medio ambiente. Sin embargo, sigue pendiente la distribución en todo el territorio nacional de Diésel de Ultra Bajo Azufre (DUBA), cuya fecha de cumplimiento ha sido nuevamente pospuesta, ahora para diciembre del 2018.
Sin embargo para dicho años se tendrá un retraso de una década, lo que mantiene a México en una posición de desventaja frente a países desarrollados en lo que toca a la calidad de sus combustibles y con ello en las normas de tecnologías de vehículos ligeros y pesados. De igual forma, sigue pendiente la actualización de las Normas 044 y 042, que se refieren a los máximos permisibles de contaminantes en vehículos nuevos ligeros y pesados, así como en diversas normas de salud que limitan las emisiones de contaminantes criterio.
En materia de cambio climático, México se ha avanzado comprometiéndose ante la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés) a reducir sus emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) en un 30% al 2020 y en un 50% al 2050. Aunado a que se fue de las primeras naciones en presentar sus Contribuciones Nacionales Determinadas (NDCs).
Mientras que en la conservación de zonas de alto valor ambiental, a través de Áreas Naturales Protegidas (ANP), falta aterrizar los decretos pendientes, como el del ANP Sierra la Giganta y Guadalupe en Baja California; ampliar a la zona terrestre el ANP de Cabo Pulmo, en el Golfo de California, publicar el plan de manejo de Yum Balam -donde se alberga la Isla de Holbox gravemente amenazada por fuertes intereses económicos que pretenden desarrollar megaproyectos turísticos en dicho territorio- y del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, el cual está siendo afectado por el proyecto de ampliación del Puerto.
En materia de conservación, el país tiene frente a si grandes retos en la protección de especies y en la persecución y sanción de delitos ambientales. Específicamente, se requiere concretar el refugio pesquero para la tortuga caguama (caretta caretta) en el golfo de California y trabajar de forma coordinada con los pescadores para mejorar las artes y las prácticas de pesca en esta región del país.
Respecto de la defensa de nuestro patrimonio biocultural, preocupa que la actual administración esté dando prioridad a la siembra de organismos genéticamente modificados (OGMs), lo cual está generando impactos negativos en términos de deforestación de zonas tan importantes como la selva maya.
Finalmente, uno de los rezagos más graves se encuentra en las violaciones de los derechos humanos de las comunidades más vulnerables -especialmente indígenas y rurales- que están siendo afectadas por megaproyectos en diversas regiones del país. Las principales violaciones se refieren a la falta de consulta y consentimiento previo, libre, informado, culturalmente adecuado y de buena fe; falta de acceso a la justicia e incumplimiento de normas y sentencias por parte de las empresas y el Estado -incluso aquellas emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como es el caso del Acueducto Independencia en Sonora-; así como la persecución, amenaza, criminalización y ataques en contra de defensores ambientales frente a megaproyectos.
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