Ricardo García Villalobos, presidente de los Tribunales Agrarios, postuló el derecho ambiental, como una de las bases para el desarrollo nacional con justicia, en México.
Al rendir su informe de labores, correspondiente a 2009, dijo que “la jurisdiccionalización de los derechos sociales, culturales y ambientales es el nuevo reto que se presenta a la administración de la justicia en el Siglo XXI”.
Los derechos ambientales y de sustentabilidad, junto con los referentes a la alimentación y la soberanía, son una exigencia cotidiana de los hombres del campo y de la sociedad, en su conjunto.
Refirió que la jurisdiccionalización del desarrollo sustentable es una práctica extendida, internacionalmente, y que se encuentra, de manera embrionaria, en los tribunales agrarios de México.
Explicó que la población rural reclama la reparación de daños en sus tierras, selvas o aguas. “Hemos sido innovadores en la redefinición de las fronteras de nuestra jurisdicción, convencidos de lo legítimo de nuestro quehacer institucional”, dijo.
Expuso que la idea de los tribunales agroambientales no es nueva en nuestro medio, pero se tiene que seguir ampliando para responder a una demanda social, cada día, más recurrente.
En su informe, García Villalobos dio cuenta de las labores desarrolladas, tanto en sede nacional de estos tribunales, como en las respectivas de los Tribunales Unitarios que existen en el territorio nacional.
Comentó que, a raíz de las reformas al 27 constitucional de 1992, el mercado de la tierra se ha dinamizado, a grado tal que, a la fecha, los ejidos registran una caída en su extensión, al pasar de 9.1 a sólo 7.5 hectáreas por sujeto y disminuyó la tecnificación de los núcleos agrarios.
México repartió un total de 104 millones de hectáreas, a raíz de la Revolución Mexicana, a 30 mil núcleos agrarios y comunidades.
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