Porque la Reforma Urbana implica garantizar el derecho a la ciudad de todos los mexicanos, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario Robles Berlanga, convocó a diputados federales a entrar al análisis de este tema, porque «tenemos leyes añejas que no corresponden a nuestra realidad y los mexicanos reclaman la construcción de ciudades ordenadas, incluyentes, accesibles y resilientes», dijo.
El país, insistió, requiere de nuevas normas, «leyes modernas con visión para planear, leyes armónicas y con dientes, donde los tres órdenes de gobierno sigan políticas y lineamientos nacionales vinculados al orden y al desarrollo territorial y garanticen el derecho a la ciudad, donde los ciudadanos estén vinculados al trabajo, a los servicios y a la infraestructura».
Precisó que la autonomía de los municipios está garantizada en el artículo 115 de la Constitución, «lo que se necesita es agilizar asuntos que tienen que ver con la regularización de la tierra, y con garantizar el patrimonio de las familias mexicanas».
Recordó que está en proceso la creación del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, cuya función será precisamente el registro de la propiedad del país y de sus reservas territoriales.
«No debemos olvidar que tenemos ciudades completas construidas sobre ejidos y si queremos desarrollo ordenado, primero requerimos de su regularización para poder construir ciudades sustentables, compactas e incluyentes y accesibles » dijo.
La funcionaria puntualizó que si el Poder Legislativo logra llegar el próximo año a la reunión de Habitat lll, en Lima Perú, con una Normatividad acorde al siglo XXl en materia de ordenamiento territorial, México podrá colocarse a la vanguardia en este tema.
Insistió en que se necesitan leyes para construir ciudades sustentables, «donde los mexicanos podamos vivir y convivir y en este objetivo estamos en la misma línea los poderes Ejecutivo y Legislativo». Al mismo tiempo, recordó ante los legisladores algunas tareas pendientes del ordenamiento territorial, como la actualización de los Registros Públicos de la Propiedad y los Catastros, la reorientación de los Fondos Regionales y Metropolitanos o la Ley de Asentamientos Humanos.
Comentarios Cerrados