Poco antes del inicio del Foro Económico Mundial de este año, Greenpeace Internacional ha establecido diez principios fundamentales para detener los delitos ambientales y las violaciones de los derechos humanos por parte de las corporaciones. El estudio «Justicia para la gente y el planeta», documenta las causas sistémicas de estos abusos y muestra cómo pueden remediarse. Para dar peso a las demandas de justicia, los activistas de Greenpeace han erigido en Davos una estatua de 6 metros de alto representando la Justicia.
En el reporte, Greenpeace hace un llamado a los gobiernos para que establezcan reglas efectivas y globalmente vinculantes sobre responsabilidad corporativa. Las corporaciones deberían ser consideradas responsables en todo el mundo por su mala conducta hacia las personas y el planeta.
El documento muestra cómo los gobiernos, con demasiada frecuencia, otorgan impunidad a las empresas transnacionales, voluntaria o involuntariamente. Un análisis de 20 casos concretos pone de manifiesto cómo las empresas han abusado de los acuerdos de la legislación mercantil, fiscal y de inversión, su poder de presión y las lagunas en el derecho internacional para actuar a expensas de los derechos humanos y el medio ambiente. 20 de las empresas mencionadas en el estudio son socios patrocinadores oficiales o participantes del Foro Económico Mundial (FEM), que se celebra del 23 al 26 de enero en Davos.
«En Davos, la llamada élite global quiere encontrar ‘un futuro común en un mundo fragmentado’. La realidad es que las corporaciones continúan buscando fortalecer su influencia política y aumentar sus ganancias a expensas de los ciudadanos y el medio ambiente. Si queremos proteger nuestro frágil planeta, la justicia debe estar en el centro de la gestión empresarial «, afirmó Matthias Wüthrich, campañista de Responsabilidad Corporativa de Greenpeace Internacional.
El informe documenta, entre otros casos, cómo las diferencias en los estándares legales hicieron que VW fuera multado con miles de millones en los EE.UU. por el escándalo “dieselgate”, pero escapara impune en Europa o cómo los socios (la compañía detrás de la polémica Dakota del acceso Pipeline) la empresa Bowater y la transferencia de energía quieren llevar a sus críticos al silencio con el llamado proceso SLAPP; cómo el gigante suizo de productos básicos Glencore daña el medio ambiente y el clima y utiliza tribunales privados de arbitraje para presionar a los gobiernos; y cómo el Grupo ACS español se ha convertido en cómplice de un desastre humano y ambiental en la construcción del proyecto hidroeléctrico Renace en Guatemala.
Asimismo, muestra cómo la lucha de comunidades indígenas mayas han frenado los intentos de Monsanto por introducir la siembra de soya transgénica a través del cabildeo político y la violación de derechos indígenas; y cómo el poder de la gente ha influenciado en las prácticas agrícolas de la panificadora más importante a nivel mundial, Grupo Bimbo, que se ha comprometido a transitar hacia una agricultura sustentable e impulsar un proyecto piloto de maíz en México que elimine el uso de agrotóxicos.
El reporte también visibiliza el poder de la gente al influir en la toma de decisiones del sector corporativo y gubernamental, como se muestra en los dos casos presentados por México.
“Los dos casos de México responden a una creciente amenaza a los derechos humanos y al medio ambiente por la captura corporativa del Estado, donde la movilización social y la lucha de las comunidades han sido clave, por un lado para incidir en las prácticas de Grupo Bimbo (3) para transitar hacia la agricultura sustentable; y por el otro exhibir el poder corporativo de Monsanto (4), así como la urgencia de medidas regulatorias gubernamentales para garantizar el respeto de los derechos humanos desde el sector empresarial”, señaló Sandra Laso, campañista del Programa de Agricultura y alimentación en Greenpeace México.
Los Principios de Responsabilidad Corporativa que Greenpeace está pidiendo se adopten, incluyen: detener a las empresas y las personas responsables de las violaciones ambientales y de los derechos humanos cometidas internamente o en el extranjero por compañías bajo su control así como el garantizar a los afectados en torno a los derechos ambientales y humanos el acceso a la reparación y la justicia.
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