Ante el anuncio de la promulgación de la nueva Ley Forestal como acto central de la administración federal en el Día Mundial del Medio Ambiente, la Red Mexicana de Organizaciones campesinas Forestales (Red MOCAF) advierte que la nueva ley forestal es producto de un proceso vergonzoso donde se discriminó la participación de los indígenas y campesinos que son dueños de la mayor parte de los bosques en México.
Al respecto, Gustavo Sánchez Valle, presidente del organismo señaló que “el hecho de que una ley con tantos claroscuros, limitaciones y violaciones a derechos se convierta en el eje del festejo oficial del día Mundial del Medio Ambiente refleja la carencia de avances significativos en materia ambiental y ahora en redes sociales y en medios de comunicación nos quieren vender la idea de que la nueva ley representa la salvación de los bosques”.
Refirió que el Partido Verde ha iniciado una campaña publicitaria en redes sociales con claros fines electorales, con la etiqueta #LeyForestalDelVerde, donde se autoproclama como el “salvador de los bosques y lanza mensajes absurdos, por ejemplo, pretenden hacer creer a la ciudadanía que con una ley muy cuestionada, que se promulga a final del sexenio, se van a crear 11 millones de empleos bien pagados”. Empero, dicho partido ha tenido la conducción del sector ambiental desde 2012 y no logró sacar la producción forestal sustentable de su estancamiento y, además teniendo mayoría (junto con el PRI) en la Cámara de Diputados, permitió un recorte presupuestal al sector forestal del 50%.
Sánchez Valle consideró que el titular del Poder Ejecutivo tuvo la oportunidad de observar las deficiencias y retrocesos de la ley y hacerlas del conocimiento del Congreso, sin embargo, dejó transcurrir el plazo constitucional que existe para ello sin hacer nada y “al parecer, es más importante anunciar la promulgación de la ley en el Día Mundial del Medio Ambiente que tener un producto legislativo coherente y progresista”.
El representante de MOCAF reconoció que la nueva ley incorpora algunas propuestas de la sociedad civil en materia del reconocimiento y fomento al manejo forestal comunitario y sobre el fortalecimiento de las salvaguardas sociales y ambientales; pero “estos avances palidecen ante los severos retrocesos en materia de derechos sobre biodiversidad en los bosques y ecosistemas forestales y además la confusión en distribución de competencias entre CONAFOR y SEMARNAT que genera esta ley va a dificultar el manejo sustentable y legal de los bosques y alentar el movimiento de madera ilegal. “Es un producto legislativo muy disparejo y regresivo que refleja la falta de un proceso incluyente de participación ciudadana y de participación plena y efectiva de Pueblos y Comunidades indígenas y equiparables”.
La nueva ley –subraya– observa un grave retroceso en materia de derechos humano de la comunidades indígenas sobre biodiversidad, ya que la ley aún vigente considera como recursos biológicos forestales tanto a las plantas como los animales; la ley por promulgarse solo considera a las plantas y abre un vacío jurídico gigantesco al no considerar a todos los organismos del reino animal (art. 7, fracción XLVI), lo cual puede ser aprovechado por terceros interesados en usufructuar los recursos biológicos de los bosques sin respetar los derechos de las comunidades.
La ley que se promulgará quita varios candados que ayudaban a las comunidades a hacer respetar sus derechos en materia de biodiversidad y estos cambios favorecen a terceros interesados en autorizaciones de colectas de recursos biológicos y recursos genéticos, así como en registros, certificados y patentes sobre la biodiversidad, “son una invitación a la biopiratería” (artículos 86 y 87), detalló Sánchez Valle.
Aclaró que en la ley aún vigente se señalaba que los autorizaciones de colecta que no hubieran respetado el derecho de consentimiento de las comunidades podrían revocarse; de igual manera se señala que los registros, certificados y patentes que no hubieran respetado los derechos de las comunidades serían declarados nulos. Estos candados fueron eliminados y son un claro retroceso en los derechos humanos de las comunidades sobre la biodiversidad.
Otro aspecto grave –puntualizó– en la nueva ley es que se elimina el actual Objetivo General V, el cual señala que las comunidades indígenas tienen acceso preferente a los recursos forestales. Esto tiene graves consecuencias frente a las amenazas que enfrentan comunidades, ejidos y pequeños propietarios frente a proyectos mineros, hidroeléctricos o agroindustriales y es otro claro retroceso en materia de derechos.
El representante de MOCAF añadió que una más de las deficiencias de la nueva ley es la complicación en los trámites para el manejo y aprovechamiento forestal sustentable en “lo relativo a la imposición de medidas provisionales de sanidad: el artículo 62 de la nueva ley señala que la Secretaría o la Comisión podrán hacerlo, es decir, ¿se van a crear áreas paralelas en dos dependencias con las mismas facultades?
Otra incoherencia de la nueva ley es que dos artículos consecutivos (Art. 68 y 69) se refieren a las autorizaciones que le corresponden a la SEMARNAT, pero repiten temas y los frasean de manera distinta; son confusos.
En materia de atribuciones para el otorgamiento de las remisiones forestales o cualquier documento que acredite la legal procedencia y/o transportación de los recursos forestales (art. 70 y 71) la nueva ley es un “monumento a la confusión” ya que señala que dichas atribuciones son de ambas dependencias (SEMARNAT y CONAFOR) , lo cual viene a complicar el control de los documentos de transporte de madera y productos forestales; duplica funciones en dos dependencias sin establecer mecanismos de coordinación y seguramente alentará el movimiento de madera ilegal, expone Gustavo Sánchez.
Las organizaciones que integran Red MOCAF, resalta, han contribuido enormemente para que la nueva ley forestal no sea tan regresiva como se planteaba en la iniciativa original y que con el apoyo de legisladores y legisladoras progresistas se logró hacer un control de daños, pero aún persisten contenidos muy graves que lesionan los derechos de indígenas y campesinos por lo que estas organizaciones harán uso de todos los medios a su alcance para defender los derechos de sus representados. “Confiamos en que todos los mexicanos, con nuestro voto, optemos por una administración federal y una legislatura más progresistas que las actuales”, puntualizó.
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