La organización ambientalista Greenpeace informó que investigadores, integrantes de organizaciones sociales y comunitarias, entre ellos la Coalición Agua para Todos. Agua para la Vida, exigen a las y los diputados integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales rechazar la propuesta de reforma al Artículo 28 Constitucional, la cual plantea considerar a las aguas nacionales como “una actividad prioritaria” en vez de un asunto estratégico del país.
Representantes de la Coalición entregaron ayer una carta al cuerpo legislativo de la H. Cámara de Diputados en la que manifiestan su preocupación por dicha iniciativa, la cual está previsto que se retome hoy en la junta directiva del citado órgano.
“El agua es un bien público y común, proveniente de la naturaleza. La propuesta arriba mencionada es incompatible con la reciente reforma del 4o artículo constitucional que reconoce el derecho humano al agua y saneamiento. La reforma de 2012 exige la aprobación de una Ley General de Aguas que establecerá la participación de la federación, las entidades federativas, los municipios y la ciudadanía para garantizar ‘el acceso y uso equitativo y sustentable del recurso hídrico’”, reza el texto elaborado por los representantes de la sociedad civil.
En comunicado de prensa se informó que este documento, indica que el actual sistema de concesiones ha resultado en el acaparamiento del agua para algunos y la marginalización hídrica para muchos, por lo que las organizaciones se han alineado para exigir la aprobación de la Ley General de Aguas.
En ese sentido, las organizaciones exigen a los legisladores dictaminar en sentido negativo y rechazar la minuta de la Iniciativa inicialmente presentada en 2006 por el entonces senador Francisco Fernández de Cevallos, la cual dejaría la gestión del agua en manos privadas y en función de los mecanismos del mercado en contradicción con el Derecho Humano al Agua y Saneamiento que obliga al Estado a garantizar este derecho.
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