En conferencia de prensa las organizaciones que conforman el Grupo de Financiamiento para Cambio Climático consideran que la discusión sobre Reforma Energética representa una gran oportunidad para promover un verdadero desarrollo sostenible, basado en eficiencia energética y bajas emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI).
Más lamentaron que la iniciativa federal no impulsa la sostenibilidad y sólo profundiza en el modelo energético actual, basado exclusivamente en los combustibles fósiles y evita poner al país en la ruta para responder a los retos económicos, sociales y ambientales generados por los impactos del cambio climático en México, ni contribuye a cumplir las metas establecidas en la Ley General de Cambio Climático (LGCC).
El Grupo de Financiamiento para Cambio Climático presentó sus observaciones sobre el funcionamiento y alcance ambiental de la Reforma Energética, con el objetivo de que esta siente las bases necesarias para avanzar hacia un modelo energético sustentable, bajo el marco de derechos humanos, con enfoque de género y criterios de sustentabilidad, que cuente con una mayor participación de las energías renovables y limpias, y que amplíe el enfoque actual, restringido a la generación de energía, a un enfoque integral que considere los patrones de consumo energético y su eficiencia.
En primera instancia Aroa de la Fuente, de FUNDAR, subrayó la magnitud del potencial daño ambiental que significa el complejo proceso de extracción de shale gas, en el cual la emisión de metano, un gas con potencial de calentamiento global 21 veces mayor que el CO2, es 30 por ciento superior a la emisión de este gas en proyectos tradicionales.
Lillian Sol, de CTSEmbarq, destacó que la propuesta también evita establecer soluciones para reducir la demanda de combustibles en el transporte, sector caracterizado por el consumo exclusivo de energía de fuentes no renovables que, en combinación con su acelerado crecimiento, ha elevado la demanda total de gasolina y diesel en un promedio mayor al del crecimiento de la economía, y genera, además una serie de impactos como el tráfico vehicular, severos daños a la salud y altas emisiones de GEI.
Mientras que Xtabai Padilla del ITDP, exhortó al gobierno a impulsar programas integrales de movilidad sustentable en las ciudades, que desincentiven el uso del automóvil privado y promuevan el desarrollo urbano orientado al transporte público y formas no motorizadas de movilidad; así como, adecuar los criterios de evaluación costo-beneficio de estos proyectos para incluir sus beneficios ambientales y sociales.
Carlos Tornel, del CEMDA, mencionó que es necesario obligar a las paraestatales energéticas, CFE y PEMEX, a reducir su huella de carbono. PEMEX debe transformarse en una empresa energética, más allá de una empresa petrolera, alineada con el desarrollo sustentable y de bajo carbono. Esto hace inminente una reforma fiscal sostenible basada en el cobro de impuestos y derechos de aprovechamiento. Los beneficios petroleros deben destinarse a proyectos y programas con énfasis en el desarrollo social sustentable y no al gasto corriente gubernamental.
Al apostar por la explotación de hidrocarburos no convencionales como el shale gas o los yacimientos petroleros de aguas profundas, se pone en riesgo el desarrollo del país, tanto por las altas inversiones que demanda, como por su insostenibilidad en el largo plazo, ya que implica una mayor emisión de GEI y acarrea otros impactos negativos ambientales y sociales, mencionó Beatriz Olivera de Greenpeace.
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