El 26 de febrero ingresó a la Cámara de Diputados para discusión, la iniciativa de Ley General de Aguas elaborada por la Federación, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ante lo cual organizaciones de la sociedad civil solicitaron que para el proceso de dictamen se lleven a cabo en San Lázaro foros en los que participen los legisladores y se tome en cuenta la opinión de especialistas, así como de individuos y grupos interesados.
La iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados fue suscrita por los diputados Kamel Athié Flores, presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, José Antonio Rojo García de Alba, presidente de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, Sergio Augusto Chan Lugo, secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos y Gerardo Gaudiano Rovirosa, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Esta solicitud se basa en que de acuerdo con el Reglamento de la Cámara de Diputados se contempla que en el proceso de dictamen de la iniciativa se pueden llevar a cabo audiencias públicas y reuniones en las que se consulte la opinión de los especialistas en la materia, a los grupos interesados, a los titulares de las entidades de la administración pública paraestatal, a las organizaciones, grupos, ciudadanos, a las cámaras, consejos y organizaciones sociales conocedoras de temas hídricos, y las opiniones de los ciudadanos.
Atendiendo a que la razón de ser de la Ley General de Aguas es reglamentar la forma como se debe cumplir el derecho humano al agua, las comisiones dictaminadoras deben recordar que, por tratarse de un derecho humano, la Ley deber dar la protección más amplia a todas las personas, de conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política y los estándares más altos contenidos en tratados internacionales de los que México forma parte.
Esta solicitud de las ONGs se supedita en que señalamientos de que la iniciativa de la Ley General de Aguas que elaboró el Ejecutivo federal no garantiza conforme a los estándares internacionales, el derecho humano al agua y al saneamiento -consagrado en el art. 40 constitucional- para los grupos más vulnerables del país, pues carece de mecanismos de garantía para los grupos étnicos, comunidades equiparables y personas en condiciones de pobreza, aunado a otros tópicos que van desde impedir la edificación de obras hidráulica en comunidades alejadas, privatizaciones de parte del servicio, concesión discrecional de pozos, entre otros rubros que se han indicado contrarios a un adecuado acceso al agua.
Asimismo, se ha señalado que debe necesariamente atender la Observación General 15 del Comité de Derechos Sociales y Culturales (DESC), pues dicha Observación es el mapa y el texto más evolucionado sobre los contenidos y mecanismos para garantizar el derecho humano al agua.
De igual forma, cabe recordar que en el mes de febrero investigadores e integrantes de organizaciones civiles entregaron a legisladores federales una propuesta ciudadana de iniciativa general en la materia, la cual lleva más de dos años trabajándose y en cuya elaboración participaron más de 450 académicos, investigadores, especialistas, junto con comunidades y comités de usuarios.
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