Redacción /
Alejandra Campos Yáñez
La política medioambiental de México es una simple aspirina para enfrentar los agudos problemas que tiene el país en esta materia, dijeron organizaciones ambientalistas, sociales y políticas, al abordar este tema en las mesas sobre “Los grandes problemas nacionales, diálogos para la regeneración del país”.
Las explotaciones mineras y forestales, el cultivo de transgénicos, los altos niveles de contaminación que impactan la salud de la población y la lacerante pobreza de millones de mexicanos, son manifestaciones de esa mala política ambiental de México.
El país enfrenta una aguda degradación en, prácticamente, todos sus ecosistemas. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) estima que, cada año, el país pierde el equivalente al 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), debido al acelerado deterioro que sufren los bosques y por las emisiones tóxicas emitidas, entre otros factores.
La minería como desastre ecológico en México fue abordado por el ecólogo Víctor Toledo, quien expuso que esta actividad extractiva es en uno de los principales problemas para México.
A esta denuncia se sumó Alejandro Villamar, miembro de la Red Mexicana de Acción Contra el Libre Comercio (Rmalc) y de los afectados por la minería, al denunciar que impera un modelo extractivista que viene desde la Colonia.
La minería es una de las actividades más destructivas de los ecosistemas denunciaron especialistas en protección del Medio Ambiente.
“El extractivismo representa una apropiación de bienes que pertenecen a las comunidades y al país. Es absurdo pensar que en este mundo finito hay que tener políticas de extracción infinitas, urge romper con esta idea. De otra forma, se confunde desarrollo con crecimiento”, dijo.
Mientras que Claudia Sheinbaum, quien fue secretaria de Medio Ambiente en la administración del Distrito Federal de Andrés Manuel López Obrador y que fue calificada por el Grupo de los Verdes europeo como la única ambientalista que talaba árboles para construir obras, hizo el siguiente diagnóstico: despojo de tierras a comunidades, aprobación de proyectos mineros infringiendo leyes, sobrepesca, aprobación de las siembras de maíz transgénico y descontento social que esto genera.
El tema ambiental, dijo, se ha convertido en adorno del discurso oficial, especialmente en foros internacionales. La política ambiental es apenas una aspirina frente a enfermedades sumamente graves, alertó.
Agregó que el proceso de descomposición ambiental nos resta capacidades productivas y genera pobreza. La política ambiental no se puede concebir separada de las decisiones de desarrollo.
En tanto, Enrique Provencio, especialista en economía ambiental, resaltó la carencia de una visión ambiental a largo plazo. Existe, dijo, una percepción de que enfrentamos un reto enorme de suficiencia y abasto y de afectación a la condición humana por el deterioro que hemos generado. A pesar de esto, no tenemos una perspectiva estratégica de cómo y por qué necesitamos proteger y restaurar los recursos.
Sobre este mismo tema, Eckart Boege, investigador de Instituto Nacional de Antropología e Historia (Inah), refirió que las mineras se “legitiman” para apropiarse de la tierra. La ley ambiental es sumamente laxa al respecto.
Las mineras consiguen concesiones, hacen procesos de exploración y ahí mismo comienzan a comprar terrenos, a buscar quién invierta y proceden a hacer la explotación. Tienen toda una estrategia para decirle a la gente que se va a beneficiar con sus explotaciones. Reclutan y dan regalos a fin de lograr un consenso de la población. Este consenso se pierde rápidamente, dado que la expectativa de empleo no se cumple y se privilegia el uso de agua para la mina en detrimento del acceso a la gente.
Señaló que hay barreras para enfrentar estos problemas: resistencias a regular y proteger el ambiente por parte del sector industrial y los promotores del crecimiento económico (un ejemplo claro es la objeción actual de las cámaras empresariales a la Ley de Cambio Climático); resistencia a los subsidios limpios y promoción de subsidios sucios; baja prioridad de la protección al ambiente; mala coordinación de políticas donde lo ambiental va hasta atrás e incertidumbre ambiental, debido principalmente al Cambio Climático.
Fernando Bejarano, director de la Red de Acción de Plaguicidas en México, expuso la urgencia de impulsar una legislación de cero tolerancia a los riesgos e ir a la prevención en materia de sustancias tóxicas.
Es totalmente factible aplicar programas de reducción en el uso de plaguicidas y cumplir los convenios internacionales de eliminación de los que el país ya es parte y advirtió que es urgente una procuración de justicia expedita y oportuna y para lograrla hay que reformar la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Mientras que Gonzalo Chapela, experto en bosques, presentó el planteamiento del Grupo Bosques. México debería ser campeón forestal del Planeta, dado que es centro de origen de los pinus, de diversas plantas tropicales y tenemos condiciones para que esos organismos evolucionen. Además, 4 de cada 5 hectáreas de bosque son propiedades sociales, lo que también representa una enorme ventaja, pero menos del 15 por ciento de la producción forestal viene de esta propiedad social.
Refirió que en los dos sexenios pasados se incrementó el presupuesto de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en 3 mil 200 por ciento. Paradójicamente, el efecto ha sido que se ha reducido en una tercera parte la producción, y la balanza comercial del sector está totalmente desbalanceada.
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