El presidente Enrique Peña Nieto utilizó la figura legal de los decretos para modificar el estatuto de las vedas existentes sobre 40 por ciento de las cuencas del país, que contienen 55 por ciento de las aguas superficiales de la nación, para de esta manera permitir que Estados y municipios tengan a su libre arbitrariedad el concesionar el agua para proyectos industriales.
Este hecho se consiguió con la firma de diez decretos que modificaron un estatus de veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en el país. Lo que se autoriza eliminar la «prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua» en esas cuencas, denunciaron diversas organizaciones ambientales, que este decreto se saltó cualquier tipo de diálogo con comunidades locales y cambia el uso y manejo del agua para uso poblacional como industrial, destacando el caso del fracking en el norte del país. Sistema que requiere de grandes cantidades de agua.
Se informó que los decretos abren la puerta para que 55 por ciento del vital líquido se utilice para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores empresariales, municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país, como son minería, hidrocarburos, turística, o inmobiliaria.
Estas cuencas se ubican en 20 estados del país, y que Peña Nieto deja abierta la puerta para el control de la dotación del líquido para la población, situación que viola los derechos internacionales de los derechos humanos de acceso a un agua adecuada para la supervivencia.
El titular de la Federación eliminó la prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua en esas zonas bajo el pretexto de que servirían para establecer reservas de agua para áreas naturales protegidas y la naturaleza para los próximos 50 años, denunciaron organizaciones civiles.
Pero, estos decretos se detalló que abren la puerta para que el agua se privatice y se destine a actividades industriales, mineras, energéticas, ya que se privatiza directamente el manejo del agua en organismos operadores empresariales municipales o entregando concesiones de agua para empresas.
Los decretos abarcan las cuencas de los ríos Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche); Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz); Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León); Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca); San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas y Nuevo León); Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas); Actopan-Antigua (Veracruz y Puebla); Costa de Jalisco (Colima y Jalisco); y Ameca (Nayarit y Jalisco).
Estos decretos se suman a los emitidos en los ríos San Pedro Mezquital(2014), Fuerte (2016) y Coatzacoalcos (2018), que son cerca de 300 cuencas de las 756 del país, en 20 estados y representan la protección del 55% del volumen de agua superficial a nivel nacional.
De acuerdo a las organizaciones civiles que están denunciado estos hechos, los decretos de Peña Nieto, favorecen los trasvases de agua a gran escala como son los megaproyectos hidráulicos y se aprueba que empresas realicen despojos de bienes comunes. Aunado a poder quitarles el agua a las comunidades indígenas o agrarias, so pretexto de tener proyectos energéticos como urbanos que tendrán prioridad para las autoridades, sin importar que se le quite el agua a miles de personas.
Cabe mencionar que estos decretos extinguen las concesiones sin título vigente y se estima que hay alrededor de 50 mil en esa situación, que tienen sus documentos caducos, ya que muchos núcleos agrarios tienen las dotaciones del líquido por decreto presidencial, pero esta figura cambió en la ley de Aguas Nacionales enfocado sus proyectos con visión empresarial, pese a los daños en zonas rurales, agropecuarias, indígenas; bajo el argumento de apoyar a empresas que se apoderarán del agua.
ENCARCELA MÉXICO A DEFENSORES DEL AGUA
En México la defensa del agua por medios legales y más siendo, población de escasos recursos, es penado con cárcel, ejemplo de ello es que hace 14 años que seis indígenas náhuatl (originarios de Tierra Colorada, en San Pedro Tlanixco, Estado de México) están en una prisión de máxima seguridad; por defender el río de su poblado, pero la justicia los condenó ilegalmente por el asesinato de un empresario; sus abogados aseguran que son inocentes.
Los condenados eran defensores del agua de su comunidad, que “no la quiere para lucrar con ella, sino para vivir”, dice Alejandra Peña, abogada del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que lleva la defensa de dos de los imputados, entre ellos la única mujer del grupo, la señora Dominga González Martínez.
En este caso el conflicto derivo en que la comunidad estaba inconforme por no poder usar el agua del Río Texcaltenco, que hasta 1989 les brindaba de agua de forma cotidiana. Pero el gobierno mexicano, vía la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la concesionó a los productores floricultores de Villa Guerrero, dejando a los poblados indígenas sin agua.
La gestión desigual del agua por parte del Estado mexicano ha desatado ya varios conflictos sociales y también la criminalización de sus defensores.
En su Informe anual sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2017, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) denunció el incremento de las agresiones a estos representantes por parte del Estado mexicano. La organización reportó que de 2010 a 2017 se han registrado 391 casos de agresiones. En el periodo de julio de 2016 a diciembre de 2017 se produjeron 88 ataques, 16 por ciento de esos corresponden a criminalización.
JUSTIFICA CONAGUA EL REGALAR AGUA A EMPRESAS
De acuerdo a la CONAGUA los decretos de reserva de agua no privatizan el agua, sino que garantizan el agua para el consumo humano de generaciones futuras de mexicanos y para preservar el medio ambiente
Los diez Decretos de Reserva de agua publicados el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación de ninguna forma otorgan beneficios para ningún particular, por el contrario, permitirán preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen, en una proyección a 50 años.
Con estos decretos, 295 de las 757 cuencas del país habrán de preservar sus ecosistemas en las condiciones que hoy se conocen, gracias a que se garantiza el escurrimiento de agua en los ríos para tal fin, ya que el principal motor de la captación de agua son estos ecosistemas.
Para decretar la reserva, se realizó un largo proceso donde participaron diferentes actores sociales, representados en los Consejos de Cuenca para poder hacer uso de la disponibilidad de agua ya existente en las cuencas involucradas y destinarla exclusivamente para la población y preservación del medio ambiente, como se establece en los decretos, consulta que grupos de activistas indican no se efectuó y menos que la CONAGUA se sentará a la mesa con grupos indígenas.
Argumenta el organismo que estas medidas se hacen a los países por parte de organismos internacionales como la International Water Resources Association y el World Resources Institute, para buscar preservar el vital líquido. Dichos organismos recomiendan que se reserve como mínimo el 35 por ciento del escurrimiento medio anual de agua para el consumo de la población y para el cuidado del medio ambiente.
Con las medidas adoptadas México supera en 12%, las recomendaciones internacionales en cuanto al volumen de agua asociado a caudal ecológico, con lo cual estamos siendo más previsores ambientalmente que países del primer mundo.
En conclusión, las reservas de agua decretadas buscan que el agua disponible en las cuencas se guarde para las futuras generaciones y para el cuidado del medio ambiente, claramente se expresa en las mismas el destino medio ambiental y de uso público urbano, por lo que cualquier interpretación contraria solo busca desorientar y mal informar a la población.
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