El próximo 20 de diciembre se cumple el plazo legal establecido en la reforma constitucional en materia de energía para que el Congreso de la Unión apruebe la iniciativa correspondiente o bien, las reformas a diversas leyes que permitan incrementar la participación de fuentes renovables de energía y de eficiencia energética, y ligadas con las metas de reducir las emisiones que contribuyen al cambio climático.
Por ello, diversas organizaciones ambientales de la sociedad civil elaboraron la Declaratoria a favor de más energías renovables y menos combustibles fósiles a fin de que las y los legisladores se comprometan a trabajar en este tema y a aprobar las modificaciones necesarias para que México cuente con un marco jurídico que le permita reducir de forma sustancial su dependencia de los combustibles fósiles y alcanzar las metas comprometidas en materia de reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI).
Por ello, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), en representación de organizaciones ciudadanas comprometidas con este tema, hicieron entrega de esta Declaratoria a las diputadas Lourdes González Moreno y Marisa Ortiz Mantilla, presidenta y secretaria de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, respectivamente.
Mariana Castillo, Analista de política pública de CEMDA, señaló que la Reforma Energética constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, ha dejado pendiente la legislación necesaria para promover una economía de bajo carbono que incentive la transición energética y las energías renovables en México.
Recordó que el artículo 17 transitorio de la reforma constitucional en materia de energía establece que «en un plazo de 365 días, se adecuará el marco jurídico para promover la protección y cuidado del medio ambiente, mediante: i) la eficiencia en el uso de energía; ii) la disminución en la generación de gases y compuestos de efecto invernadero; iii) la eficiencia en el uso de recursos naturales; iv) la baja generación de residuos y emisiones; y, v) menor huella de carbono.»
Declaró que «a unos días de que se lleve a cabo la vigésima Conferencia de las Partes (COP20) de la Convención Marco las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en Lima, Perú, es muy importante que México sea congruente con su discurso y avance en la conformación de un marco jurídico interno que le permita cumplir con las metas de reducción suscritas a nivel internacional para combatir el cambio climático: Reducción de 30% de las emisiones al año 2020 con respecto a la línea base; así como un 50% de reducción de emisiones al 2050 en relación con las emitidas en el año 2000».
Por su parte, Lina Dabbagh, Oficial de Programa de la Red Internacional de Acción Climática (CAN por sus siglas en inglés), señaló que los «líderes de la sociedad civil, empresas y algunos países han sido punta de lanza de la transición hacías las energías renovables, porque han entendido que la acción climática puede suministrar aire limpio, una mejor salud pública, trabajo y el fin de la pobreza. Esperemos que México se une a esos países progresistas en marzo cuando presentara sus nuevos compromisos al 2030 antes naciones unidas».
Los puntos específicos que las organizaciones demandan a los legisladores incluir en la iniciativa correspondiente, o bien dentro de las modificaciones a diversos ordenamientos legales se encuentran:
Armonizar los marcos legales en materia energética y de cambio climático.
Introducir y cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) en materia de eficiencia energética en el transporte, los servicios, la edificación, la industria y el sector doméstico.
Sentar las bases para alcanzar las metas de mitigación de GEI, de transición energética y de eficiencia energética de manera sustentable, no sólo reduciendo emisiones de GEI sino minimizando las afectaciones ambientales y sociales.
Desarrollar de las condiciones legales e institucionales para aumentar el aprovechamiento y uso de las energías renovables, a pequeña, mediana y gran escala, y la eficiencia energética.
Establecer una hoja de ruta para cumplir con las metas de transición energética y de reducción de emisiones que dictan la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y la Transición Energética (LAERFTE) y la LGCC, respectivamente.
Definir una hoja de ruta y mecanismos financieros para líneas de transmisión[1].
Aprobar suficientes recursos presupuestarios e incentivos fiscales para impulsar la transición energética.
Generar mecanismos para movilizar recursos privados e internacionales, en un marco de transparencia y rendición de cuentas.
Fortalecer institucional y presupuestariamente a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y lograr la aplicación del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE).
Reformar la definición de energías limpias de forma que se excluyan aquellas tecnologías que pueden conllevar impactos ambientales y sociales negativos, como la energía nuclear, las grandes hidroeléctricas, la quema de residuos sólidos urbanos y la cogeneración.
Incluir externalidades ambientales en el desarrollo de proyectos o actividades en materia de hidrocarburos y energías renovables[2].
Modificar las disposiciones de la reforma energética que ponen en riesgo los derechos a un medio ambiente sano; al acceso, saneamiento y disponibilidad de agua, y al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.
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