Representantes de las autoridades tradicionales del pueblo de Vicam, primera cabecera de los ocho pueblos de la tribu yaqui, denunciaron públicamente que el Estado mexicano ha incumplido la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues no ha dejado sin efecto la autorización de impacto ambiental, lo cual implica que la construcción y operación del Acueducto Independencia en Sonora debe detenerse hasta que se haya realizado la consulta a la tribu yaqui.
Hasta el momento, incumpliendo el mandato del más alto tribunal de la Nación, continúa la construcción del Acueducto en violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, puesto que en la sentencia se reconoce la obligación del Estado mexicano de realizar actos para garantizar y respetar sus derechos.
Los actos del Estado mexicano demuestran una clara discriminación hacia la tribu yaqui, lo cual será objeto de denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas.
«La tribu yaqui está compuesta por 45 mil personas, distribuidas en ocho pueblos y 56 localidades. El gobierno dice que Hermosillo tiene sed cuando nosotros históricamente hemos tenido sed aquí en esta tierra. A la fecha ningún miembro de la tribu yaqui tiene agua potable y sólo 30% de la población cuenta con agua entubada sin tratamiento», señaló Mario Luna, secretario ejecutivo de la tribu yaqui.
El incumplimiento de una sentencia de la Suprema Corte pone en riesgo la democracia, a las instituciones mexicanas y al Estado de derecho, puesto que abre la puerta para que cada autoridad actúe fuera del marco legal y del pacto federal.
Para no cumplir con su obligación de acatar los mandamientos judiciales y quitar los permisos ambientales a la obra, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se escuda en una suspensión dictada por el ministro Pardo Rebolledo aunque ésta explícitamente señala que «esta medida cautelar no surtirá efectos en caso de que los actos que se pretendan ejecutar tengan como sustento algún mandato judicial».
«Se está incumpliendo una sentencia definitiva del máximo tribunal en el país y eso, además de ser grave para el caso de la tribu yaqui, supone atacar las estrutcturas del estado constitucional pues se ataca las división de poderes, la independencia del poder judicial y supone un mensaje en el que el poder ejecutivo se coloca en una situación de poder absoluto, un poder sin control y además, se viola el derecho a la tutela judicial efectiva», señaló Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La sentencia de la Suprema Corte, dictada el 8 de mayo pasado, resulta un hecho histórico puesto que hace un reconocimiento del derecho de consulta, información y participación de los pueblos indígenas en todas las obras de infraestructura que afecten sus derechos naturales y sus territorios.
«La decisión de la Corte resulta inédita para la protección de los pueblos indígenas, dado que incorpora estándares contenidos en tratados internacionales firmados por México desde hace décadas. Por tanto, resultaría lamentable que no se cumpliera siendo que este tipo de problemática de violaciones de derechos humanos en contra pueblos indígenas en el caso de megaproyectos se replica a lo largo del territorio nacional», dijo José Rosario Marroquín, director del Centro Pro Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez.
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