El primer Índice de Derechos Humanos y Empresas de Energía Renovable revela serias debilidades en los esfuerzos de la industria para proteger a las y los trabajadores y las comunidades, creando un riesgo en un sector vital para contrarrestar la crisis climática.
La industria de la energía renovable es una parte indispensable en la lucha contra el cambio climático y la pandemia del COVID-19 sólo ha profundizado la urgente necesidad de una transición hacia una economía mundial más igualitaria y sostenible. Sin embargo, el crecimiento del sector se ha visto acompañado por el aumento de las denuncias de abusos de los derechos humanos -incluidos asesinatos, amenazas y apropiación de tierras – con al menos 197 denuncias desde 2010, incluidas unas 40 alegaciones del último año.
El nuevo índice (disponible hoy) del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos revela brechas en la política y la práctica que el sector renovable debe atender urgentemente para garantizar una transición hacia una economía baja en carbono, que sea rápida y justa, y respete derechos humanos.
El índice evaluó 16 de las principales empresas de producción de energía eólica y solar que cotizan en la bolsa* con una metodología desarrollada a través de siete consultas mundiales, en las que participaron más de 100 partes interesadas. El instrumento revela que casi la mitad de las empresas (7 de 16) obtuvieron una puntuación inferior al 10%, con tres cuartas partes (12 de 16) que alcanzaron un puntaje por debajo del 40%. Ninguna empresa obtuvo una puntuación superior al 53%.
Cuatro empresas se destacaron con la más alta puntuación en general, pese a estar todas relacionadas con acusaciones de abusos de derechos humanos, incluyendo la compañía con mayor puntuación. En cuanto a los indicadores más importantes de las obligaciones básicas de las empresas en materia de derechos humanos, la puntuación media del sector renovable estuvo a la par con otras industrias de alto riesgo, como el sector textil, la agroindustria, las industrias extractivas y el sector de las tecnologías de comunicación y de información; por lo que se requiere un mayor escrutinio de los riesgos en este sector.
Una cuestión apremiante se refiere a los proyectos de energía renovable desarrollados en el territorio de los pueblos indígenas. Estos casos amenazan los derechos humanos de las comunidades locales y pueden imponer un alto costo financiero a las empresas. Algunos ejemplos son un parque eólico en Noruega, al cual se oponen pastores de renos por la pérdida de sus tierras; un parque solar en México, denunciado por falta de consentimiento previo, libre e informado a las comunidades; y un parque eólico en Kenia, cancelado tras las demandas de agricultores y terratenientes locales.
Las empresas obtuvieron una mala puntuación en algunas de las cuestiones más graves en materia de derechos humanos para el sector de la energía renovable. Ninguna empresa obtuvo un puntaje con relación al respeto a los derechos a la tierra y al territorio y sólo una empresa tiene un compromiso público con relación a los derechos de los pueblos indígenas.
Existen buenas prácticas en el sector, como un parque eólico en México, propiedad de una comunidad indígena, un proyecto de un parque eólico en Sudáfrica, que consultó a las comunidades locales sobre empleos y la copropiedad del proyecto, y proyectos eólicos y solares en Canadá, propiedad de grupos indígenas.
Marti Flacks, subdirectora del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, dijo que “las empresas de energía renovable están liderando la transición a una economía baja en carbono, como parte del esfuerzo mundial para hacer frente a la crisis climática. Las energías renovables también desempeñarán un papel fundamental tras la pandemia del Covid-19. Esto hace aún más crucial que el sector de la energía renovable evite los errores de otros proveedores de energía y garantice urgentemente el respeto de los derechos humanos en sus operaciones y cadenas de suministro.
Desafortunadamente, este índice muestra que el sector se está quedando corto en materia de derechos humanos, especialmente en los derechos a la tierra y alterritorio, y a la protección de los pueblos indígenas. Esto no sólo pone en riesgo a las comunidades frente a graves violaciones de sus derechos humanos, sino que puede resultar en retrasos en los proyectos y el aumento de los costos que podrían poner en peligro la transición a una economía baja en carbono.
Estos resultados señalan el camino para que las empresas de energía renovable y los inversores realicen mejoras para asegurarse de que la transición a una economía baja en carbono sea justa. La mejor manera de hacerlo es llevando a cabo la diligencia debida en materia de derechos humanos para prevenir, identificar y mitigar los riesgos a lo largo de las operaciones y las cadenas de suministro. Las mejores prácticas existen y deben seguirse”.
El Índice sobre Derechos Humanos y Empresas de Energía Renovable utiliza 13 indicadores básicos del Índice Corporativo en Derechos Humanos (Corporate Human Rights Benchmark), para evaluar a las empresas conforme a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Utiliza, además, otros 19 indicadores desarrollados para evaluar riesgos específicos de la industria de la energía renovable.
Las 16 empresas analizadas obtuvieron un puntaje nulo en al menos uno de los 13 indicadores básicos de los Principios Rectores, lo que significa que ninguna de ellas demostró que, como empresa, cumple con las expectativas básicas establecidas por las Naciones Unidas. Casi la mitad de las empresas (7 de 16) obtuvo sólo 1 o 0 puntos en total en esta sección.
En promedio, en estos 13 indicadores básicos elaborados con base en los Principios Rectores, las empresas obtuvieron un 33%, similar al bajo desempeño promedio de otras industrias de alto riesgo, examinadas por el Índice Corporativo en Derechos Humanos (31%).
Con un promedio inferior al 50%, las empresas de energía renovable, al igual que otras industrias, no cuentan con un enfoque integral para la identificación, mitigación y reparación de impactos en materia de derechos humanos.
Comentarios Cerrados