La organización ambientalista Greenpeace informó que la Federación el 31 de octubre publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), una serie de Decretos que reforman diversos reglamentos en materia ambiental (Paquete Verde), y crea el Reglamento de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
Lo cual, en conferencia de prensa, estableció Alberto Rojas, enlace legislativo de Greenpeace, pone en grave riesgo la viabilidad ambiental de México, ya que las nuevas reglamentaciones son exageradamente laxas a comparación de naciones latinoamericanas, y sólo se equipara cuando en los 90s en Estados unidos se permitió que los sectores energéticos estuvieron por encima de la ley, lo cual redundo en la sobreexplotación con el fracking que hoy, en dicha nación es un sector en quiebra.
Sobre las nuevas inversiones sitios a aprovechar explotaciones de hidrocarburos en México quedan exentas de las legislaciones ambientales que rigen a todos los demás sectores que tienen impactos en los ecosistemas y ello les abre la puerta para no hacer proyectos sustentables en suelo nacional.
“De las reformas planteadas, es de suma gravedad lo relacionado con el tema del Ordenamiento Ecológico Territorial ya se dio un retroceso en este sector. Es decir, este instrumento que garantizaba proteger el territorio con base en su vocación, usos y manejo sustentable de los recursos naturales, ahora se convierte en letra muerta al excluir las actividades del sector hidrocarburos de la obligación de cumplir con la fase de diagnóstico y pronóstico del ordenamiento regional y local” (1), señaló.
Expuso que la Agencia nace como un arbitro muy débil y que si bien antes la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y la Procuraduría Ambiental (Profepa), eran muy endebles ya tenían ciertos lineamientos y personal calificado para actuar en afectaciones por hidrocarburos, pero la nueva Agencia vendrá a sólo ser una ventanilla única para autorizar todo tipo de temas de hidrocarburos.
Aunado a que al nacer no tiene al momento recursos, personal, personalidad jurídica, etc, y que con el panorama que se avisora no se vislumbra cumpla con su trabajo y atienda este sector tan estratégico, se ejemplificó que simplemente en la actualidad Petróleos Mexicanos registrar diario un estimado de 1.3 derrames e incidentes de petróleo.
Señaló que las modificación a los artículos 38, 40, 43, 44, 48, 49 y 58 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico del Territorio permitirán que la infraestructura relacionada con hidrocarburos, no sea considerada para la planeación territorial.
Lo que representa un riesgo para otras actividades y para la población, de tal suerte que la población que habita un territorio no podrá conocer si en su comunidad o sus terrenos se instalarán obras relacionadas con el sector hidrocarburos, además de que no serán consultadas si están o no de acuerdo con que en sus predios se puedan realizar dichas actividades, independientemente de que sean o no compatibles con las actividades que ya estuviesen ordenadas en el territorio.
En algunos casos al no incluirse estas actividades en el proceso de elaboración de un ordenamiento ecológico regional, la planeación del uso del territorio para actividades productivas, no considerará que se puedan instalar obras asociadas con el sector hidrocarburos.
“Un ejemplo sería un desarrollo turístico en el que derivado de lo anterior no se conocieran a tiempo las obras (como gasoductos u oleoductos) que pudieran construirse en la zona lo que en relación con la población que se encuentre en el emprendimiento turístico sea sujeta a un riesgo sin que se sepa. Esto representa un acto grave de desregulación ambiental. Se está pasando por encima de uno de los instrumentos legales más eficaces con los que cuenta la política ambiental para proteger el ambiente”, advirtió Rojas.
Además, se podrán modificar los ordenamientos ecológicos territoriales vigentes tanto locales como regionales para facilitar la implementación de obras o actividades del sector hidrocarburos, lo que tira por la borda años de procesos de planeación y elaboración de decenas de ordenamientos ecológicos territoriales vigentes en el país.
Por ello, urgió que los reglamentos que aún se pueden discutir en la Cámara de Diputados se le haga caso a la sociedad y, que además este organismo civil ha solicitado una audiencia oficial para plantear a la Federación se analicen las repercusiones a futuro, cuando quizá mucha gente se rehuse a que sus terrenos sean objeto de explotación petrolera.
Ya que “es un caso de arbitrariedad ya que es la misma autoridad a la que se le solicita el cambio de uso de suelo forestal y la evaluación de impacto ambiental es la misma que también verifica su cumplimiento. Eso termina por evidenciar que el arreglo institucional de la Agencia busca en todo momento facilitar la operación de la industria del sector, no la protección del patrimonio natural de los mexicanos”, acotó.
Comentarios Cerrados