Para diversos agricultores que han adoptado la soya genéticamente modificada (OGM), desde el año 2012, es necesario que las autoridades abran una discusión amplia al diálogo en relación a si se continuará permitiendo el cultivo de esta semilla en entidades de la península de Yucatán, y que se tome en consideración de los actores clave del tema; el productor rural y las comunidades indígenas, pero de voz directa sin que se preste a voceros de organizaciones civiles o campesinas que tratan de conseguir canonjías políticas.
En entrevista con Mi Ambiente tanto Bruno de Matteis (productor de más de 100 hectáreas) Fernando Oliva (productor mediano de alrededor de 100 hectáreas); y a Fabián Papalotzin, pequeño productor que también se caracteriza por ser apicultor, indicaron lo anterior al explicar que no por un tema político se debe dar un golpe de pobreza al campo en el estado de Campeche, específicamente, que es donde se ubican.
El primero de los antes mencionados, indicó que los OGM le dieron nueva vida al campo del sureste y evito la migración del campesinado, y si bien no se están volviendo millonarios, si están obteniendo ganancias antes no vistas, como es el ahorro de 1,500 pesos en herbicidas por hectárea que antes aplicaban y que la soja OGM sólo requiere de una fumigación, cuando la tradicional requiere de más aplicaciones.
Sobre esta diferencia, Fernando Oliva, que cultiva en las mismas parcelas OGM y convencional, explica que no ha notado una supuesta contaminación de uno a otro cultivo, sino que se diferencian ambos por la cantidad de aplicaciones de fungicidas así como por la presencia de plagas que atacan más al plantío tradicional.
Cabe mencionar que en 7 años, las autoridades mexicanas habían concedido a los productores y empresas como Monsanto y PHI México 43 autorizaciones para la siembra de soya transgénica en el país, en las fases experimental y piloto. Posteriormente se paso a una siembra de 253 mil hectáreas de este tipo de grano.
El año pasado, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), dio a conocer que la siembra de transgénicos hasta ahora no ha significado ningún riesgo. “Cuando el Estado da permisos para la liberación, en este caso de soya, es porque no hay elementos de bioseguridad que nos digan que algo malo va a pasar”, se detalló en comunicado de prensa.
No obstante, a la solicitud de siembra comercial de Monsanto respondieron con opiniones negativas la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), el entonces Instituto Nacional de Ecología (INE, ahora Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Lo cual, hace unos días confluyo en que la Suprema Corte suspendiera temporalmente el cultivo del producto en Campeche y Yucatán, al sureste del país. La autorización, no obstante, ha sido suspendida solo temporalmente: la SCJN ha pedido que se organice una consulta entre los miembros de las comunidades indígenas afectadas en Campeche y Yucatán.
El argumento que dio por bueno la Corte fue que el permiso otorgado por Sagarpa, no tomó en cuenta el derecho de consulta que tenían las comunidades indígenas que han resultado perjudicados.
A ello, estos tres productores, indicaron que si bien es de gran respecto la opinión de todas las comunidades se debe sentar un diálogo abierto y respetuoso; no sólo decir no, de forma automática o prestarse a cierto juego de organizaciones como Greenpeace, a la cual calificaron de no estar informando de manera verídica de esta realidad.
Los productores consultados, indicaron que la decisión que se tome por parte de Sagarpa, debe ser estrictamente apegada a la ley, y que al momento no sienten que las autoridades estén cargados a un lado de las opiniones, sino que más bien deben abrir los canales de diálogo con los productores.
En México, el consumo de soja se importa en un 96% de la necesidad del mercado interno; lo cual implica, según los productores a favor de los OGM de seguir apostando a esta tecnología y pusieron el ejemplo que en sus parcelas con soja convencional se cosecha de entre casi una toneladas a 1.4 toneladas con un costo mayor de unos 1,500 pesos por el costo de herbicidas; cuando con OGM tienen promedios de 2.5 toneladas de soja por hectárea.
En la actualidad en esta regíon en conflicto ASERCA tiene contratos de compra de 80 mil toneladas con un costo aproximado de 500 a 600 millones de pesos, lo cual estimó Bruno de Matteis, se puede perder en parte, si en próximos años les prohíben estos cultivos.
Los precios de este insumo, son fijados en el mercado internacional, que marca que en este año pasado fuera a 5,900 pesos por tonelada, que ha sido variable por el costo peso-dólar. De ahí que estos ejidatarios luchen por mantener una alta eficiencia y productividad de sus cosechas. Este hombre, citó que igual es mentira lo dicho por Greenpeace de que se está deforestando el sureste por estos cultivos, indicó que los campesinos que antes sólo cultivaban maíz están cambiando el cultivo, ante la ganancia de la soja, y que deben consultarse también, esto que dijo “es una mentira de desinformación que se le da al pueblo de México”.
MIEL, UN RUBRO DE VITAL IMPORTANCIA
En lo expuesto como argumentos se indica que el cultivo de soja OGM en estas regiones afecta la producción de miel en esta región —de la cual, el 90% se exporta a Europa—. Una sentencia de la Unión Europea en 2011 interrumpió la venta del producto porque presentaba trazas de polen genéticamente modificado y fue entonces que los apicultores decidieron promover el recurso legal que se resolvió el miércoles.
A lo cual el productor de miel, Fabián Papalotzin, refuto indicando que es falso que la abeja este muriendo en estas zonas, así como que estén detectando miel con genes OGM, estableció que en su caso que también exporta a Europa, junto con otras personas, mandan a Alemania al análisis de la miel antes de ser embarcada y al momento tras estos años no han encontrado nada.
Reiterando que la abeja tiene más mortandad con las fumigaciones en cultivos de maíz que en las milpas de soja, planta que tiene poca polinización natural, pues es endogama (que se fecunda ella misma), y que al abrir su flor ya lleva su semilla.
Se debe recordar que la Constitución mexicana y la declaración de Naciones Unidas sobre seguridad de los Pueblos Indígenas obligan a los Gobiernos a consultar e informar a los apicultores y agricultores afectados antes de una decisión de este tipo. En el caso del gobierno mexicano, según ha fallado la Corte Suprema, no fue así.
Se informó que los afectados por la siembra de la soja transgénica suman más de 11.200 productores y es el sustento de cerca de 25.000 familias. En la región se producen, cada ciclo, unas 10.000 toneladas de miel. Siendo México, la nación productora del 10% de la miel que se vende en el mundo.
México es el sexto productor y tercer exportador mundial de miel de abeja después de Argentina y China. El 85 por ciento de la producción nacional se destina a la Unión Europea, principalmente a Alemania, donde goza de prestigio.
Alrededor de 41 mil apicultores mexicanos, en su mayoría campesinos e indígenas, dependen de la actividad. En 2010 produjeron 55 mil 684 toneladas de miel con un valor de casi 1 mil 726 millones de pesos.
Tan sólo en la Península de Yucatán se contabilizan al menos 17 mil productores apícolas, de ahí la importancia de este análisis de la producción y de despejar dudas de su sanidad. El 90 por ciento de la producción de miel de la Península se exporta y corresponde a cerca del 60 por ciento de toda la miel que sale del país.
OPINIÓN DE LAS ONGs
Algunos miembros de las ONG que representan a las comunidades indígenas (como Greenpeace, Indignación y LITIGA OLE) señalaron que además de los perjuicios económicos que tiene la siembra de la soja transgénica en la región, la presencia del herbicida Glifosato representa un riesgo para la población por considerarse una causa de cáncer.
El abogado de las comunidades indígenas, Jorge Fernández, señaló también que la decisión de la Corte no contempla los daños al medioambiente que causan las actividades de Monsanto en esta región del país.
Estos organismos dieron a conocer que “los ministros y la ministra no deben omitir las graves violaciones que se han cometido por las autoridades en contra de los derechos humanos del pueblo maya, y que ahora los juzgadores tienen la oportunidad de reparar“.
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