La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no ha tomado acciones en contra de Petróleos Mexicanos (Pemex) por el derrame de hidrocarburo ocurrido el 31 de diciembre de 2011 en el río Coatzacoalcos, en el municipio de Cosoleacaque, Veracruz, denunció Greenpeace.
La Profepa tampoco ha atendido la demanda interpuesta el 15 de marzo de 2012 por esta organización ambientalista en contra de Pemex, en la que advirtió que la paraestatal mintió al asegurar que a un mes del derrame ya había concluido con los trabajos de limpieza, cuando de acuerdo con el muestreo indicativo realizado por Greenpeace el 10 de febrero de 2012 en la zona afectada, se documentaron altos niveles de contaminación por hidrocarburos (1) en agua y suelo.
Fue hasta el pasado 23 de noviembre que esa procuraduría anunció a Greenpeace que la demanda había sido enviada a la Delegación de Veracruz, la cual se comprometió a informar sobre los resultados de las investigaciones y sancionar, en su caso, a los responsables. Sin embargo hasta el momento esto no ha ocurrido.
“Desde que se presentó el desastre ambiental en Coatzacoalcos, hace ya más de un año, las autoridades ambientales se han lavado las manos, sólo se “echan la bolita” para ver a quién le corresponde aplicar las sanciones correspondientes y castigar a los culpables. Ha sido poco su interés por resolver las problemáticas que afectaron severamente la fuente de ingresos de cientos de pescadores así como la biodiversidad de la zona”, señaló Beatriz Olivera, coordinadora de la campaña de Clima y energía de Greenpeace México.
“Si esta es la respuesta de Profepa ante un derrame en un río, ¿qué podemos esperar en caso de ocurrir una contingencia en aguas profundas? Queda claro que no podrían resolverla”, aseveró Olivera quien recalcó que la insistencia de la paraestatal por aventurarse en proyectos de explotación de crudo en el Golfo de México es un grave error en la política energética porque resulta caro y representa un riesgo para el medio ambiente.
Pemex se ha justificado diciendo que el derrame se ocasionó por una toma clandestina, que presuntamente tenía el objetivo de contaminar el río Coatzacoalcos más que el robo de combustible, hecho que, asegura, fue denunciado ante el Ministerio Público Federal sin que hasta la fecha se tengan resultados.
Además, evadió pronunciarse sobre el nivel de contaminación provocado por este incidente y señala a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Profepa y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como las autoridades responsables para ello.
Sin embargo, la Semarnat ha solapado las acciones de Pemex y como muestra encontramos que la Secretaría confirmó que la paraestatal concluyó la limpieza del río Coatzacoalcos en febrero de 2012, cuando ésta ha reconocido que fue hasta un mes después que terminaron los trabajos.
Por su parte, la Conagua manifestó su “preocupación” por el ecosistema del río Coatzacoalcos y afirmó haber exigido la reparación del daño a la persona física o moral que lo ocasionó, aunque la pasada administración nunca indicó a quién dirigió esta petición.
Greenpeace hizo un llamado enérgico al nuevo titular de la Profepa, Francisco Moreno Merino, para que dé respuesta inmediata a la demanda popular entablada en contra de Pemex desde el 15 de marzo de 2012 y aplique una sanción ejemplar a la paraestatal que incluya el pago de una indemnización justa a los pescadores de Coatzacoalcos por los daños causados a su fuente de ingresos y al medio ambiente.
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