José Manuel López Castro
Luis E. Velasco Yépez
Morelia, Mich.- El secretario de Desarrollo Rural de la entidad, Jaime Rodríguez López, confirmó, aquí, lo que hace ya años había detectado Maseca, la caída permanente en el consumo de tortilla, elaborada con maíz blanco, por parte de la sociedad mexicana. Las razones que dio Rodríguez López son las mismas que en la década pasada reveló Maseca: el cambio de dieta, ocasionado por la mayor urbanización de la sociedad nacional y, en concreto, en el caso de las jóvenes, por mantener la figura, ya que la tortilla es considerada como causante del aumento de peso (por algo, del maíz se obtienen biocombustibles para los autos). Cuenta también la oferta de otros productos que están al alcance de la población, sobre todo los alimentos que son más fáciles de transportar a las oficinas o fábricas. Según Rodríguez López la caída en el consumo de tortilla es de 30 por ciento. Antes, cada persona consumía 90 kilos de tortillas al año; ahora, sólo es de 60 kilos.
Lo que no dijo Rodríguez, porque es un político más que dirigente, es empresas dedicadas a la elaboración de tortillas de maíz blanco ya ofertan pan horneado, elaborado con maíz blanco, un sustituto de tortilla fresca, y otros productos más que se encuentran en el mercado.
EL MIEDO NO ANDA EN BURRO
Ante la novatez de las autoridades medioambientales, legisladores federales crearon una Comisión Especial para investigar las acciones criminales que se llevan a cabo en la mina de cobre de Cananea, Sonora; una vez que analice toda la información recabada, se recomendará en el pleno de la cámara que se recomiende a la Secretaría de Economía, retirar la concesión a Germán Larrea. Gracias a esta posición dura y hasta quizá más de fanfarroneo y poca credibilidad, llevó a la minera Buenavista del Cobre a anuncirán que dispone de 2 mil millones de pesos para sanear todo lo que contaminó con el vertimiento de metales pesados en las aguas del Río Sonora, que afecta desde los años 90’s. Hay que aclarar que el pasado 4 de septiembre la empresa anunció que contaba con un fondo de 300 millones de pesos para la remediación, pero con los alardes y proclamas de la referida comisión, se incrementó el monto a 2 mil millones. De acuerdo algunas versiones, la minera tuvo ganancias de 14,160 millones de pesos en el periodo de enero a junio de 2014. Así que cuenta con suficientes recursos para hacerse responsable de los daños causados a 24 mil personas y al entorno.
PRESA PRIVADA
Y ya que hablamos de Sonora, hay que decir que existe expectación por ver si el gobierno federal se atreve o no a destruir la presa de 120 metros largos por 80 de profundidad que se mandó construir el gobernante sonorense Guillermo Padrés, por lo que los pequeños productores se quedaron sin agua, lo que al político le importa un comino. Claro que el Padrés tiene más necesidad del agua, sobre todo si se toma en cuenta que su ranchito es de casi 4 mil hectáreas. Ahora Padrés nos recuerda el caso de aquel priísta mexiquense que no construyó una presa, pero sí se adueñó de un río. Todo sigue igual, muy campante y productivo.
MUY POCO, PERO SE REDUCE EL “HOYO” EN LA CAPA DE OZONO
Un panel de 300 estudiosos de la ONU determinó con base en sus estudios que del 2000 al 2014, los niveles de ozono se incrementaron 4 por ciento. Claro, es muy poco, pero algo es algo. Por lo menos ya se frenó un poquito la degradación de la capa que protege la vida en el planeta Tierra. Se detalla que los avances en el presente siglo serán raquíticos, toda vez que algunos gases destructores del ozono, tienen una vida muy larga, por lo que continuarán haciendo estragos. Entre otros datos sobresalientes que dieron a conocer es que la capa de ozono es actualmente 6 por ciento más delgada que en 1980, que aunque no se encuentra incluido en el Protocolo de Montreal, el dióxido de nitrógeno es precursor del monóxido de nitrógeno que destruye la capa de ozono. Por otra parte, el tetracloruro de carbono que sí se encuentra prohibido por el protocolo por afectar la capa de ozono, continúa progresando.
MULTAS IRRISORIAS
Por contaminar los ríos Bacanuchi y Sonora, afectar a 7 municipios y también a 24 mil personas, la empresa Grupo México es multada con 1.2 millones de pesos por la Comisión Nacional del Agua, en tanto que la Profepa hace lo mismo, pero con 40 millones de pesos. Este caso, entre muchos otros, son la punta del iceberg de la opacidad en la que actúan las industrias en México que se les permite degradar al país a cambio de sanciones de risa, denuncia Greenpeace México. Asimismo, señala que esta situación conduce a que 70 por ciento de los ríos del país se encuentren contaminados, lo cual representa que la ciudadanía tenga que pagar más, dado que al potabilizar el agua, tiene un mayor costo.
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