El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) presentó el Informe sobre la pertinencia biocultural de la legislación mexicana y su política pública para el campo: caso MasAgro, en donde, Francisco Xavier Martínez Esponda, director técnico operativo de CEMDA señaló que «el Programa denominado Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro), impulsado por el gobierno federal e implementado por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), debe ser suspendido, pues prioriza la construcción de un sistema agroalimentario industrializado en detrimento de los conocimientos y las prácticas tradicionales, así como la agrodiversidad nativa; esto es, pone en riesgo los derechos humanos de pequeños productores (que en un 75 % son comunidades indígenas y comunidades campesinas) y el Patrimonio Biocultural (PatBio) de México».
Lo anterior ha propiciado violaciones a los derechos humanos de los pueblos y comunidades equiparables, puesto que en el fondo lo que se busca es un traslado en el control de los recursos naturales de los pueblos indígenas y campesinos hacia el Estado, concluyeron los expertos asistentes.
México es reconocido como uno de los 17 países megadiversos del mundo, ocupando aproximadamente el 1% de la superficie continental de la Tierra; en él se alberga alrededor de la décima parte de todas las especies conocidas, así como 68 pueblos originarios. Los campesinos e indígenas son responsables de que nuestro país sea centro de origen y diversificación de alrededor del 15.4% de las especies que se utilizan en el sistema alimentario mundial.
Con el objetivo de «fortalecer la seguridad alimentaria a través de la investigación, el desarrollo de capacidades y la transferencia de tecnologías al campo», el gobierno federal creó el programa MasAgro. Sin embargo, según señala el Informe, éste no consideró que su implementación podría implicar la sustitución de elementos importantes del Patrimonio Biocultural, la transferencia del control cultural y la violación de derechos humanos, puesto que en su construcción se omitió considerar los conocimientos tradicionales, las condiciones ambientales y culturales de los pequeños productores, ni las formas de recreación del Patrimonio Biocultural.
Uno de los objetivos explícitos de MasAgro Maíz es el fortalecimiento de la industria semillera nacional a través de la provisión de semilla básica y precomercial a las empresas relacionadas con el programa, buscando con ello incrementar el rendimiento promedio de maíz en el subsector de temporal de pequeñas unidades de producción. De alcanzarse, esto supondría el desplazamiento de entre 25 y 50% de la superficie que actualmente se siembra de maíz nativo, lo cual claramente pone en riesgo la diversidad de este cultivo en todo el territorio nacional y un daño de grandes proporciones toda vez que México es centro de origen y diversificación de este grano.
El Informe detalla que «MasAgro representa un esfuerzo estatal sin precedente para convertir el sistema agroalimentario tradicional y de subsistencia en un sistema agroalimentario industrializado orientado a satisfacer las demandas del mercado y la agro industrial a través de un programa de extensión y «modernización» de la agricultura en el que los campesinos no son los actores principales».
Entre las recomendaciones que el estudio hace para mejorar la política pública de fomento a la agricultura, se encuentran: a) Diseñar una legislación y política pública que permita y promueva la autonomía de los pueblos originarios y campesinos, el omento y protección de la agricultura tradicional y la conservación in situ; b)Proteger el Patrimonio Biocultural de México a través del desarrollo y armonización del marco jurídico y su política pública; particularmente, reconociendo este patrimonio como bien común de los pueblos indígenas y comunidades equiparables; c) Revisiar la actual legislación y la política pública para el campo mexicano a fin de proteger y fomentar eficazmente: (i) el vínculo entre la Tierra y los pueblos indígenas y campesinos; (ii) las formas y mecanismos socioculturales que generan el PatBio mexicano; y (iii) los derechos fundamentales de estos grupos humanos; d) Suspender la implementación del programa MasAgro. En esta misma línea, el gobierno[1] debe revisar y resignificar el régimen especial de protección al maíz regulado en la fracción XI del artículo segundo de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados; e) Revisar y, en su caso, limitar en el territorio nacional el uso de agroquímicos (v.gr. herbicidas, insecticidas, fungicidas, nematicidas, etc.); f) Promover, a través de Sagarpa, la distribución de información, suficiente y completa, y desarrollar mecanismos horizontales (democracia participativa) que posibiliten la inclusión de los indígenas y campesinos en el diseño, ejecución y evaluación de sus programas públicos, valiéndose del derecho a la consulta previa, libre e informada; g) Reorientar el gasto público hacia programas que promuevan y desarrollen la soberanía alimentaria y el acercamiento de los productores con los consumidores, al tiempo que se proteja el PatBio y nuestra cultura gastronómica.
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