En rueda de prensa, representantes de campesinos, científicos y organizaciones de la sociedad civil, anunciaron que después de una ardua batalla legal, con la que han mantenido suspendida toda la siembra de maíz transgénico en el país por 16 meses, quienes anunciaron que iniciarán una campaña internacional de difusión y recaudación de fondos para continuar haciendo frente a cinco empresas trasnacionales y dos secretarías del gobierno federal.
La campaña mundial se desarrollará en la plataforma www.grrrowd.org perteneciente al nuevo movimiento holandés «Grrrowd», con sede en La Haya. Grrrowd aplica estrategias de fondeo colectivo y recauda para la defensa legal de derechos sociales, ambientales y económicos, ante las injusticias que se cometen en todo el orbe.
En la recaudación de fondos también participa el Centro para la Defensa Legal del Medio Ambiente, EDLC, por sus siglas en inglés, con sede en Montana, Estados Unidos; así como Alternativas y Procesos de Participación Social Asociación Civil, con sede en Tehuacán, Puebla. La organización norteamericana apoya la defensa legal del medio ambiente en países del tercer mundo y la organización poblana es una de las agrupaciones que promueven la Demanda de acción colectiva en contra de cinco compañías internacionales que buscan sembrar maíz transgénico en México.
Después de casi año y medio de contienda judicial ante quince tribunales federales, 89 impugnaciones contra la suspensión de la siembra de maíz transgénico y en contra de la Demanda ciudadana; las organizaciones sociales buscan mediante una estrategia internacional contrarrestar a cerca 70 abogados y decenas de cabilderos, voceros y funcionarios, tanto de las corporaciones multinacionales como del gobierno mexicano, informó el abogado René Sánchez Galindo, de Colectivas, A.C.
Asimismo, Mercedes López, de Vía Orgánica señaló que las autorizaciones dadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para el consumo de maíz genéticamente modificado son un acto de irresponsabilidad del comisionado Mikel Arreola, sin embargo no significa que esta autorización sea el camino para la siembra.
Aclaró que son dos procedimientos muy diferentes, pues el maíz que se importa entra a la cadena industrial o de alimentación de ganado, no al campo para sembrar. Recordó que el estudio de la Comisión de Cooperación Ambiental recomendó que este maíz que se importa sea quebrado para que no sea usado como semilla.
En cuanto a las autorizaciones de 132 productos transgénicos, de los cuales 50% corresponde a maíz, es urgente que la Cofepris demuestre los procedimientos mediante los cuales está autorizando y que además se inicie el etiquetado de los productos que contienen ingredientes genéticamente modificados como señala la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
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