La organización ambientalista Greenpeace y la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM) alertaron sobre la urgencia de contar con un nuevo régimen legal en materia de plaguicidas en un marco de respeto a los derechos humanos y la impostergable transición hacia la agricultura ecológica.
Tras realizar una revisión del estatus legal de estas sustancias en el ámbito nacional e internacional, el reporte Derechos humanos y plaguicidas elaborado por Greenpeace revela que en nuestro país hay una pésima gestión de estas sustancias.
Entre los principales problemas están la ausencia de una definición de Plaguicidas Altamente Peligrosos y de políticas que establezcan que por sus daños severos deben ser retirados del mercado; su uso desmedido; deficiencias en su etiquetado; malas prácticas empresariales; excesiva confidencialidad, falta de transparencia y de generación de cifras y estadísticas en torno a la materia; falta de monitoreo y vigilancia así como la ausencia del desarrollo de alternativas al uso de plaguicidas, junto a un sistema perverso de subsidios que apoyan su uso continuo por agricultores.
Es por ello que urge un nuevo marco legal que tenga como pilares los principios de precaución, “quien contamina paga” y el de sustitución, los cuales deberán ser exigibles ya que las deficiencias en la legislación nacional vigente, en el manejo de estas sustancias altamente peligrosas, atentan contra derechos humanos tales como el derecho a un medio ambiente sano, la alimentación y el agua, el derecho a la salud, así como derechos laborales de trabajadores del campo, mujeres embarazadas o en lactancia y niños jornaleros.
“Denunciamos la carencia de evaluaciones y comunicación acertada de riesgo en el uso de plaguicidas; la inexistencia de una norma que establezca límites máximos permisibles de residuos de plaguicidas en alimentos; y demandamos la existencia de mecanismos efectivos de participación de los grupos de interés público, como las ONG, para impugnar el otorgamiento de registros de plaguicidas o solicitar su cancelación”, resaltó María Colín, asesora legal de Greenpeace México.
En ese sentido, Fernando Bejarano director de la RAPAM enfatizó que se requiere una reforma a fondo del marco regulatorio en la gestión de plaguicidas para que se respeten plenamente los derechos humanos y se prevenga la exposición de agrotóxicos que puedan provocar daños graves a la salud y al ambiente.
“Se necesita un mecanismo expedito de prohibición de los plaguicidas altamente peligrosos incluidos en convenios internacionales o prohibidos en otros países, lo que supone ir más allá del discurso del «manejo adecuado de plaguicidas”, dijo Bejarano.
“Es necesario un cambio de política para que se apoye con fondos federales y estatales alternativas agroecológicas para el control de plagas y enfermedades como recomiendan los relatores de derechos humanos de Naciones Unidas y las reuniones internacionales de gestión de sustancias químicas, considerando en primer lugar las experiencias de las organizaciones campesinas e indígenas”, esa es la alternativa, concluyó.
Exigimos una gestión de plaguicidas en un marco de respeto a los derechos humanos, demandamos del Estado ser coherente con los compromisos que ha adquirido y hacerse cargo de que las industrias ajusten su actuar a un marco respetuoso de derechos, apuntaron las organizaciones.
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